CAPECO presentó en la PCM una agenda de propuestas para seguridad, inversión pública y vivienda social, con advertencias sobre riesgos fiscales y de gestión para el 2026.
La Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, planteó una serie de soluciones orientadas a hacer efectiva la Política General de Gobierno 2025 2026, durante una reunión sostenida en la Presidencia del Consejo de Ministros, en el marco del diálogo entre el Ejecutivo y el sector privado. El encuentro fue encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y contó con la participación de las ministras de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Stella Mera, así como del ministro de la Producción, César Quispe.
Durante la sesión, el premier Álvarez subrayó la necesidad de una mayor coordinación entre el Estado y el empresariado para sostener el desarrollo económico del país. Señaló que, en el mediano y largo plazo, la articulación entre una clase política emergente y un sector empresarial vinculado a la producción resulta clave para enfrentar los desafíos estructurales del Perú.
Seguridad ciudadana y su impacto en la inversión
El gerente general de CAPECO, Jorge Arévalo, destacó que la Política General de Gobierno aborda problemas críticos como la inseguridad ciudadana, uno de los principales factores que hoy afecta al sector construcción. Advirtió que las obras y proyectos inmobiliarios se han convertido en blancos frecuentes de extorsión y crimen organizado, elevando los costos operativos y desincentivando nuevas inversiones.
En ese contexto, recordó que el gremio ha trabajado junto al Ministerio del Interior en propuestas concretas, como la integración de cámaras privadas al sistema nacional de videovigilancia, el fortalecimiento de mecanismos de denuncia anónima y la elaboración de una guía antiextorsión para obras de construcción. Sin embargo, señaló que estas medidas aún no han sido implementadas por el Estado, pese a su carácter urgente y al impacto directo sobre la actividad económica.
Obras públicas y riesgos de falta de predictibilidad
Otro de los puntos centrales fue la preocupación por la falta de recursos para garantizar la continuidad de las obras públicas, tanto bajo esquemas tradicionales como en asociaciones público privadas y obras por impuestos. Arévalo pidió mayor claridad en los criterios de priorización del presupuesto público, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos en los proyectos de inversión.
En particular, alertó sobre la necesidad de culminar las obras de prevención en el norte del país, ante el riesgo de un nuevo fenómeno de El Niño. Una eventual interrupción de estos proyectos no solo implicaría mayores costos fiscales a futuro, sino también un retroceso en la gestión del riesgo de desastres y en la confianza del sector privado.
Control a empresas extranjeras en licitaciones
CAPECO también planteó reforzar los mecanismos de revisión y verificación de la información presentada por empresas extranjeras que participan en licitaciones de obras públicas. Según el gremio, en varios casos la documentación sobre experiencia y capacidad técnica no cuenta con traducción oficial ni certificación consular, lo que abre la puerta a distorsiones en los procesos de contratación.
Arévalo subrayó que una verificación exhaustiva previa a la adjudicación de la buena pro es indispensable para proteger la calidad de las obras, asegurar la competencia leal y reducir los riesgos de paralizaciones posteriores.
Vivienda social y presión presupuestal para el 2026
Finalmente, el gerente general de CAPECO advirtió sobre la insuficiencia del presupuesto proyectado para el 2026 en los programas Mivivienda y Techo Propio. Indicó que los montos actualmente previstos ponen en riesgo la continuidad de la política nacional de vivienda social y podrían frenar el cierre de brechas habitacionales, uno de los ejes centrales del actual plan de gobierno.
Desde la perspectiva del sector construcción, el fortalecimiento de estos programas no solo tiene un impacto social, sino también un efecto multiplicador sobre el empleo formal, la recaudación y la dinámica económica en regiones.
