El próximo miércoles 11 de febrero se tratará en el Senado la Reforma laboral, un hito en la Argentina para modernizar las leyes laborales y que trajo mucho revuelo en la sociedad argentina entre los que están a favor y en contra. Por eso, el centro el miércoles será intransitable.
El mercado laboral argentino atraviesa una transformación estructural general de todas sus partes, marcada por un contraste agudo. Mientras que el gobierno impulsa una ambiciosa “Reforma de Modernización Laboral”, la realidad en las calles muestra un deterioro persistente de la calidad del empleo, con niveles de informalidad que no se veían en casi dos décadas.
El mercado presenta un diagnóstico que está partido en dos mundos. Según los últimos datos del INEC y registros privados demuestran que la informalidad laboral alcanza el 43,2% hacia finales de 2025, la cifra más alta desde 2008. De un total de 22,6 millones de puestos de trabajo, más de 11,6 millones de trabajadores se desempeñan fuera del sistema formal, lo cuál carece de aporte jubilatorios, cobertura médica y seguro de vida.
Este fenómeno se profundiza en el último año. Durante 2025, el sector formal experimentará la pérdida de más de 100.000 puestos, mientras que la totalidad de los nuevos empleos creados fueron informales o bajo modalidades precarias. Las micro y pequeñas empresas concentran el 90% de está informalidad.
La propuesta oficial es la modernización de la ley, que busca reconfigurar las reglas del juego en donde los pilares de este proyecto se discutirán el miércoles 11 en el Congreso que influyen los siguientes lineamientos: La simplificación registral, las nuevas modalidades, las plataformas y freelancers. Cada punto genera una adaptación de los empleados y empleadores.
Para el gobierno y sectores empresariales están atentos a estos cambios vitales para brindar una seguridad jurídica, es decir, bajar los juicios laborales. No obstante, los sindicatos y organismos de derechos sociales, la reforma es vista como un retroceso. Varios denuncian que las medidas como la reducción en la base de cálculo de indemnizaciones puede generar una facilidad para el despido y pueden precarizar aún más a quienes ya tiene empleo formal, Según divulgan los dirigentes sindicales ante una restructuración semejante.
El gran interrogante de 2026, es si la reducción de incentivos negativos bastará para que las empresas vuelvan a contratar formalmente en un contexto de volatilidad económica. La estabilidad del trabajo cambió mucho y ya no depende de una formalidad, sino de que las leyes antiguas no lo contemplan y se convierte en una carrera contra el cambio cultural y la urgencia económica que vive la Argentina.
