En el Perú, el cambio climático podría reducir entre 11 % y 20 % del PBI hacia 2050, afectando la inversión pública, encareciendo los alimentos por pérdidas agrícolas y dejando a más familias expuestas a huaicos y sequías.
La crisis climática no solo representa una amenaza para la biodiversidad y la salud humana, sino también para la estabilidad económica global. De acuerdo con Naciones Unidas, el cambio climático generará una pérdida económica de hasta 23 billones de dólares para el año 2050, si no se adoptan medidas urgentes de mitigación y adaptación.
En Perú, según estimaciones del Ministerio del Ambiente y organismos internacionales, el cambio climático podría reducir entre 11 % y 20 % del Producto Bruto Interno (PBI) nacional al 2050, como consecuencia de eventos extremos, afectación a cultivos, pérdida de infraestructura y presión sobre los sistemas de salud y agua potable. Esto se traduciría en menos empleos, menor capacidad del Estado para invertir en salud, educación o transporte, aumento en los precios de los alimentos por pérdidas en la agricultura, y más familias afectadas por desastres como huaicos o sequías.
“Aunque muchas personas aún no perciben con claridad su alcance, el cambio climático ya está generando impactos concretos que se reflejan en la alteración de ciclos agrícolas, la afectación a comunidades por eventos extremos y la reducción de más del 50 % de la superficie glaciar, lo que compromete el acceso al agua. Esta situación también impactará en la pérdida de empleos en sectores como la pesca artesanal y la agricultura. Todo ello representa una oportunidad para que el país siga fortaleciendo su marco legal con normas aplicables que protejan a las poblaciones más expuestas y promuevan un desarrollo verdaderamente sostenible”, señala Andrés Dulanto, decano de la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur.
A esta coyuntura se suma otro desafío urgente que agrava los efectos del cambio climático y tiene consecuencias directas en la salud pública, como lo es la contaminación del aire. Según las Naciones Unidas, más de 4.2 millones de personas mueren cada año en el mundo a causa de la mala calidad del aire1.
“El Perú se ubica en el puesto 58 a nivel global en contaminación por material particulado fino (PM2.5), un contaminante particularmente nocivo para la salud. Este problema, aunque no siempre visible, representa una amenaza silenciosa, sobre todo en zonas urbanas donde aún persiste una limitada conciencia sobre este problema. Por eso es clave que no solo el Gobierno y las organizaciones sociales participen activamente en esta agenda, sino también que las instituciones académicas promuevan espacios de análisis y diálogo que permitan proponer reformas legales orientadas a un enfoque más preventivo, intercultural y basado en evidencia científica”, señala Dulanto.
En este contexto, resulta especialmente relevante que este año el Perú sea sede del 22° Coloquio Anual de la Academia de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el evento más importante a nivel mundial para profesionales y académicos del derecho ambiental. “Representa un hito para fortalecer el debate sobre temas urgentes como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la necesidad de articular esfuerzos entre la academia, el Estado y la sociedad civil. Avanzar hacia marcos jurídicos más innovadores y eficaces depende de esta colaboración activa y sostenida” agrega el vocero.
Propuestas para una acción integral frente a la crisis climática
Asimismo, el especialista en derecho ambiental propone un enfoque integral que no solo contribuya a consolidar el marco legal ambiental, sino que también refuerce la resiliencia económica del país frente a los impactos de la crisis climática.
- Incorporar estándares más rigurosos de calidad del aire, alineados con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
- Fortalecer los mecanismos de fiscalización ambiental, junto con sanciones efectivas y disuasorias ante incumplimientos.
- Garantizar la participación ciudadana en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas.
- Asegurar recursos suficientes y capacidades institucionales para evaluar y monitorear en el ámbito ambiental.
Finalmente, Dulanto señala que no actuar hoy implicará costos mayores en el futuro. Entre ellos, una posible recesión económica provocada por fenómenos climáticos extremos, el deterioro sostenido de la salud pública y una pérdida acumulada de bienestar social y competitividad para el país.
