La Municipalidad de Lima desalojó 22 predios en Separadora Industrial para liberar espacio clave del megaproyecto vial que conectará 12 distritos y movilizará miles de millones en inversión.
En una acción que marca un hito en el avance del Anillo Vial Periférico, la Municipalidad Metropolitana de Lima —junto con las comunas de Ate y La Molina— ejecutó un operativo para recuperar 7.755 m² de la avenida Separadora Industrial. El desalojo de 22 predios, ocupados informalmente durante más de 30 años por talleres mecánicos, lavaderos de autos y ferreterías, se realizó sin enfrentamientos, tras una campaña de notificación anticipada.
El operativo movilizó a 500 agentes policiales, así como a serenos y fiscalizadores locales, y permitió liberar un tramo estratégico entre el jirón Los Frailes y la avenida La Molina. Este espacio formará parte del corredor vial donde se construirá uno de los proyectos más ambiciosos de infraestructura de transporte del país.
El Anillo Vial Periférico, de 34.8 km, atravesará 11 distritos de Lima y el Callao, reduciendo drásticamente los tiempos de viaje entre Lima Centro, Lima Este y el Puerto del Callao. Su diseño incluye viaductos, túneles y pasos a desnivel, con conexiones integradas al Metro de Lima, el Aeropuerto Jorge Chávez y futuras obras como el teleférico de San Juan de Lurigancho.
Formalizado en noviembre de 2024 bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), el proyecto tiene un presupuesto de USD 3,396 millones y será ejecutado por una concesionaria con contrato a 30 años. La obra promete beneficiar directamente a 5 millones de personas y hasta 12 millones de forma indirecta, impactando además en la competitividad logística del país al mejorar la fluidez del transporte de carga.
Este desalojo forma parte de la liberación de 100 predios a lo largo de la Separadora Industrial y la avenida La Molina. Su avance es crítico para dar paso al tercer anillo vial de la capital, pensado como una solución a largo plazo para el caos vehicular y el crecimiento urbano desordenado.
Aunque los comerciantes afectados pidieron reubicación, las autoridades destacaron que las acciones se realizaron conforme a ley y con fines de seguridad urbana, desarrollo vial y revalorización del suelo. El mensaje es claro: la inversión pública-privada en infraestructura comienza con la recuperación del orden.
