La presidenta observó la norma que buscaba homologar los incentivos del régimen 276, alegando falta de sostenibilidad fiscal, pese a que su propio sueldo fue recientemente duplicado.
Una semana después de oficializar el aumento de su propio salario a más de S/35 mil mensuales, la presidenta Dina Boluarte decidió observar la ley que homologaba el incentivo CAFAE para los trabajadores administrativos del sector público bajo el Decreto Legislativo 276. Esta decisión ha generado cuestionamientos desde distintos sectores, al contrastarse con el reciente reajuste de su remuneración, que más que duplicó los S/16 mil que percibía anteriormente.
La ley observada —que había sido aprobada en segunda votación por el Congreso— buscaba que todos los servidores del régimen 276 reciban un incentivo único basado en una escala común, determinada según el monto más alto percibido en cada nivel remunerativo en gobiernos regionales o entidades del gobierno nacional. La medida apuntaba a reducir la desigualdad entre trabajadores que desempeñan funciones similares pero con montos muy distintos de CAFAE.
Desde el Ejecutivo se alegó que la iniciativa “vulnera la estabilidad presupuestaria” y carece de sustento financiero. El documento enviado por el Gobierno al Congreso señala que el artículo 79 de la Constitución impide a los legisladores proponer medidas que generen gasto público. Además, advirtió que la ley “autoriza modificaciones presupuestarias sin identificar fuentes de financiamiento ni precisar montos ni plazos”, lo cual, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), impide calcular su impacto fiscal.
También se sostuvo que la norma colisiona con las reglas de equilibrio financiero establecidas en la Ley de Presupuesto 2025, las cuales exigen una evaluación presupuestaria previa antes de aprobar cualquier gasto adicional. Según el Ejecutivo, este requisito no fue cumplido.
El bloqueo presidencial no implica el archivo de la medida. Ahora la ley regresará al Congreso, donde puede modificarse o aprobarse por insistencia, pese a la objeción del Ejecutivo.
En paralelo, el contraste con la reciente subida de sueldo de la presidenta ha avivado el debate público. Mientras el Gobierno sostiene que dicha alza responde a una adecuación legal tras 13 años sin reajustes para el cargo presidencial, la postergación de beneficios para los trabajadores públicos alimenta la percepción de prioridades desalineadas, especialmente en un contexto de alta desaprobación presidencial y presiones por mejorar las condiciones laborales en el aparato estatal.
