De acuerdo a SUNAT, en el 2025, más de 1,100 empresas en el Perú mantienen deudas en cobranza coactiva por un monto superior a S/ 3,400 millones.
La deuda coactiva se ha consolidado como uno de los principales riesgos financieros para las empresas peruanas. Sin embargo, este estado suele ser solo la punta del iceberg; la deuda coactiva es, a menudo, la señal visible de que existe un monto tributario en incumplimiento mucho más grande y profundo. A diferencia de una deuda tributaria vencida, esta etapa habilita a la SUNAT a ejecutar el cobro de manera forzosa, sin autorización judicial, afectando directamente la liquidez y la continuidad operativa de los negocios.
Información oficial correspondiente al 2025 indica que más de 1,100 empresas registran deudas en cobranza coactiva por montos superiores a 10 UIT, acumulando obligaciones exigibles que superan los S/ 3,400 millones, según SUNAT. Este volumen refleja debilidades en la planificación tributaria y en la gestión de caja de corto plazo.
“La deuda coactiva es el punto en el que un asunto tributario se convierte en un riesgo financiero crítico. Desde ese momento, la empresa deja de administrar tiempos y empieza a operar bajo presión, con impactos inmediatos en su liquidez y en su relación con bancos, proveedores y clientes”, señala Vicente Cruz, CEO de Sheriff.
El proceso se activa cuando una orden de pago, resolución de determinación o resolución de multa queda firme por falta de pago o impugnación dentro de los plazos legales. Tras la notificación de la Resolución de Ejecución Coactiva, el contribuyente cuenta con apenas siete días hábiles para cancelar la deuda antes de que se apliquen medidas de ejecución forzosa, como la retención de fondos, intervención de la recaudación diaria o la inscripción de cargas sobre bienes.
“Desde la perspectiva financiera, una medida de cobranza coactiva tiene un efecto inmediato sobre el flujo de caja: congela ingresos, altera la programación de pagos y genera incumplimientos en cadena con trabajadores, proveedores, entidades financieras y clientes. En muchos casos, la empresa no cae por el tamaño de la deuda, sino por la imposibilidad de operar con normalidad”, explica Cruz.
El riesgo también se extiende a la cadena de valor. Si un proveedor se encuentra en cobranza coactiva, la SUNAT puede ordenar que los pagos se realicen directamente al fisco, trasladando al cliente una responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento. A ello se suma el impacto en el acceso al crédito y la contratación pública, ya que las empresas con deuda exigible pueden quedar fuera del Registro Nacional de Proveedores y enfrentar mayores restricciones financieras.
Dentro de un escenario de mayor fiscalización, menor tolerancia al riesgo y condiciones crediticias más exigentes, la deuda coactiva se ha convertido en un indicador clave de fragilidad financiera empresarial.
“La gestión moderna requiere incorporar el monitoreo tributario como parte del control financiero permanente, al mismo nivel que la liquidez, el endeudamiento y el cumplimiento normativo. Anticiparse a una cobranza coactiva no solo permite proteger el flujo de caja y la operatividad diaria, sino también preservar el acceso al crédito, la reputación corporativa y la estabilidad de la cadena de pagos. Hoy, prevenir es una decisión estratégica de gestión”, concluye el CEO.
