La pesquera acusa incumplimientos en la reubicación de su emisor submarino y exige compensaciones por daños, lucro cesante y costos de reparación.
Corporación Pesquera Inca (Copeinca), la principal empresa pesquera industrial del país, inició un proceso arbitral contra Cosco Shipping Ports Chancay Perú ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, reclamando el pago de US$2.63 millones más intereses legales por presuntos daños derivados de la reubicación de su emisor submarino en Chancay.
La acción fue presentada el 17 de diciembre de 2025 mediante un memorial de 130 páginas acompañado de 103 pruebas documentales. Según la compañía, los perjuicios se originaron durante la ejecución del traslado de esta infraestructura, esencial para la evacuación de aguas residuales tratadas y la continuidad de sus operaciones.
El conflicto se remonta a un convenio de cooperación firmado en septiembre de 2021 entre ambas empresas. En ese acuerdo, el operador portuario asumió la responsabilidad de desarrollar la ingeniería del proyecto y ejecutar la reubicación del emisor submarino de Copeinca.
Fallas en la reubicación del emisor submarino
De acuerdo con la pesquera, el convenio establecía que Cosco debía realizar la ingeniería y ejecutar el traslado de la infraestructura sin afectar el normal desarrollo de las operaciones. Asimismo, debía asumir la responsabilidad técnica del proyecto y cubrir los costos asociados a la reubicación.
Copeinca sostiene que estas obligaciones no se cumplieron plenamente. Según detalla la demanda, durante la ejecución se habrían producido fallas técnicas relevantes, entre ellas la instalación del emisor en coordenadas distintas a las autorizadas.
La empresa también afirma que la obra se habría ejecutado sin estudios suficientes sobre la geomorfología y la dinámica oceanográfica de la zona.
Estas deficiencias, según la pesquera, habrían generado contingencias que comprometieron la integridad de la infraestructura instalada. Como consecuencia, el emisor submarino habría sufrido dos rupturas posteriores: una en diciembre de 2024 y otra entre abril y mayo de 2025.
Tras estos incidentes, Copeinca exige la construcción de nuevos emisores y una reparación integral que permita garantizar la continuidad de sus operaciones.
Reclamo económico por daños y lucro cesante
Dentro del proceso arbitral, la empresa estructuró sus pretensiones en seis bloques.
En primer lugar solicita que se declare el incumplimiento contractual por parte de Cosco Shipping. Además, exige una compensación de US$738,800 por daño emergente derivado de las fallas detectadas en la infraestructura.
A este monto se suma un reclamo de US$883,800 por concepto de lucro cesante. La compañía también solicita un pago adicional de US$1’008,000 destinado al reforzamiento temporal y a la reparación integral del sistema.
Asimismo, pide indemnidad frente a eventuales reclamaciones de terceros vinculadas al convenio firmado en 2021 y el reembolso total de los gastos del arbitraje.
Antes de acudir a esta instancia, ambas empresas sostuvieron una etapa de trato directo que no logró resolver la controversia. Durante ese proceso, Copeinca afirma haber presentado evidencia técnica sobre los efectos de la reubicación defectuosa, incluyendo paralizaciones de operaciones y mayores costos operativos.
Sanción administrativa al operador portuario
El arbitraje se desarrolla en paralelo a un proceso administrativo contra Cosco Shipping Ports Chancay Perú.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones impuso recientemente una multa de 142.42 UIT, equivalente a S/733,463, por incumplimientos ambientales vinculados a la implementación incompleta de un sistema de geotubos.
Durante una supervisión, la autoridad identificó un faltante aproximado de 195 metros de estas estructuras en las playas El Puerto y Chorrillos, ubicadas en el distrito de Chancay, donde se desarrollan las obras del nuevo terminal portuario.
El ministerio también determinó que el cronograma de instalación previsto entre noviembre de 2021 y abril de 2022 no se cumplió, lo que dio origen al procedimiento administrativo sancionador.
Este antecedente se suma al arbitraje en curso, en el que el tribunal de la Cámara de Comercio de Lima deberá evaluar las responsabilidades contractuales y los daños económicos reclamados por la empresa pesquera.
