Limitaciones legales impiden al Parlamento declarar el inmueble como patrimonio cultural, mientras continúa su evaluación como activo no estratégico.
El Congreso de la República del Perú reconoció que no tiene competencia para impedir la eventual venta del edificio de Petroperú ubicado en San Isidro, al no poder declararlo como patrimonio cultural.
La controversia surge en medio de intentos legislativos por proteger el inmueble; sin embargo, la facultad de otorgar dicha categoría corresponde exclusivamente al Ministerio de Cultura del Perú, al tratarse de un procedimiento administrativo y no de una decisión legislativa.
Alcance limitado del Congreso
En ese contexto, el Parlamento solo ha podido aprobar una iniciativa de carácter declarativo, que reconoce de interés nacional la eventual protección del edificio, trasladando la decisión final al Ejecutivo.
Este escenario evidencia las limitaciones del Legislativo en materia de gestión patrimonial y subraya la dependencia de las decisiones técnicas del sector Cultura para definir el futuro del inmueble.
Activo en proceso de evaluación
El edificio forma parte del portafolio de activos no estratégicos de Petroperú, cuya eventual venta viene siendo evaluada con el acompañamiento de ProInversión, en línea con los esfuerzos de la empresa estatal por optimizar su situación financiera.
Este proceso responde a una estrategia de reorganización que busca generar liquidez y mejorar la sostenibilidad de la compañía en un contexto de presión financiera.
Decisión clave en el Ejecutivo
Aunque la declaración como patrimonio cultural podría modificar el destino del inmueble, esta no implica automáticamente la paralización de una eventual venta, y dependerá de una evaluación técnica del Ministerio de Cultura.
Así, el futuro del edificio se mantiene abierto, en un escenario donde confluyen intereses patrimoniales, decisiones políticas y necesidades financieras de la empresa estatal.
