‘Con Punche Perú’ es el nuevo plan del MEF que destina S/5.900 millones para reactivar la economía

De implementarse este plan económico, el MEF espera que en el primer semestre de 2023 haya un impacto de 1,2 puntos porcentuales en el PBI, y en el plazo de 12 meses se puedan generar más de 130 mil empleos.

El plan ‘Con Punche Perú’ cuenta con 19 medidas:

  1. Subvención extraordinaria para usuarios de los Programas Juntos, Pensión 65 y Contigo.
  2. Fortalecimiento del programa Olla Comunes.
  3. Acelerar el programa de masificación de gas natural.
  4. Acompañamiento extraordinario a los nuevos equipos de gestión en los gobiernos locales y regionales.
  5. Ampliación de opciones de financiamiento para gerentes Servir para los gobiernos regionales y locales.
  6. Financiamiento de las inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición (IOARR) de rápida ejecución.
  7. Financiamiento de proyectos de Inversión de rápida ejecución.
  8. Financiamiento del informe de estado situacional de obras públicas paralizadas.
  9. Impulso al Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial (FIDT) 2023, para municipalidades de menores ingresos y mayores necesidades.
  10. Capacidad presupuestal en Asociaciones Público Privadas (APP).
  11. Recursos adicionales para intervenciones prioritarias.
  12. Acompañamiento y destrabe a proyectos mineros que representan una cartera de 10,555 millones de dólares.
  13. Incremento del presupuesto del Bono Familiar Habitacional para las regiones afectadas.
  14. Reactivación de proyectos emblemáticos (Chavimochic III y Majes Siguas II).
  15. Ampliación hasta junio del 2023 de la vigencia de las reprogramaciones de Reactiva Perú, FAE Turismo y FAE Texco aprobada vía Decreto de Urgencia N° 026-2022.
  16. Liberación temporal de las cuentas de detracción.
  17. Impulso al sector agricultura.
  18. Impulso al sector turismo.
  19. Bono de 200 soles para funcionarios públicos, servidores y pensionistas aprobado mediante Decreto de Urgencia N° 026-2022.

‘Con Punche Perú’ espera que la Sunat libere los fondos de las cuentas de detracción de los contribuyentes para recuperar la economía que se perdió en el actual contexto de las protestas tras la toma de mando de la presidenta Dina Boluarte.

Gracias a esta medida se podrá dar liquidez a las mypes que sufrieron pérdidas o no lograron vender lo esperado en las últimas semanas. Tiene un costo fiscal de S/960 millones, aproximadamente, y se basa en cuentas pertenecientes al Banco de la Nación utilizadas para el pago de impuestos.

Aunque Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, sostiene que “las ventas de fin de años iban algo flojas, incluso antes del 7 de diciembre, el tema político, es relevante, pero parte de la evolución del 22 de diciembre [la cual se muestra en el plan] responde a feriados y cautela de consumidores en un entorno de mayores precios, mayor informalidad y menor calidad del empleo”.

La liberación de fondos de las cuentas de detracción “depende de cuánto se haya coordinado ya con SUNAT para que se pueda ir al BN a retirar, sino solo aplicará a partir de abril. A. Solo se pueden tramitar los retiros en los primeros 5 días de cada trimestre. B. Hoy [29 de diciembre] es el último día laborable para el sector público”, indicó Odar en su red social de Twitter.

Por otro lado, el economista señaló que la inversión privada anual ronda los S/190.000 millones, por lo que solo puede explicarse que los S/5.900 millones inyectados por el gobierno generen 130.000 empleos temporales, “y si, por ejemplo, son de un trimestre, serían solo 32.500 anuales, aun así es optimista”, opinó.

El MEF recordó que en Perú hay 2.624 obras paralizadas, por ello en el plan se busca realizar un informe situacional para saber cómo se encuentran esas obras y continuarlas, el Gobierno destinará S/ 300 millones.

Para la masificación del gas natural, el Estado invertirá S/491 millones, gracias a ello 110.000 hogares adicionales contarían con ese servicio.

En el transcurso de la próxima semana, los peruanos podrán saber si este plan será aprobado por un decreto supremo o de urgencia, o a través de un proyecto de ley remitido al Parlamento.