El Gobierno de Abelardo de la Espriella derogó estas áreas en La Guajira, Cundinamarca y Antioquia, y prepara nuevas decisiones en Santander y Tolima. En algunos de estos territorios se identificaron solicitudes mineras de cobre, oro y otros minerales.
El Gobierno de Colombia avanza en el desmonte de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una figura creada durante la administración de Gustavo Petro para proteger terrenos considerados estratégicos para la actividad agrícola. Según una investigación del medio colombiano Cambio, las decisiones adoptadas y las que están en preparación abarcan cerca de 998.000 hectáreas distribuidas en 59 municipios.
Las derogatorias ya alcanzaron territorios de La Guajira, Cundinamarca y Antioquia. Además, se preparan nuevas decisiones para Santander y Tolima, mientras que Córdoba figura entre las regiones consideradas para una siguiente etapa del proceso.
Uno de los movimientos más recientes ocurrió el 24 de octubre de 2026, cuando se formalizó la derogatoria de las APPA en 19 municipios del suroeste de Antioquia. La decisión comprende 102.801 hectáreas, de acuerdo con información de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).
¿Qué territorios dejaron de estar protegidos por las APPA?
La Guajira fue una de las primeras regiones en las que se avanzó con la eliminación de esta figura. Posteriormente, las decisiones alcanzaron Cundinamarca y Antioquia. En Santander y Tolima, en cambio, se reportaron proyectos de resolución que todavía forman parte del proceso.
La investigación de Cambio también identificó solicitudes mineras en zonas donde se habían establecido estas áreas de protección. En La Guajira, dos solicitudes presentadas por una subsidiaria colombiana de Max Resource buscan desarrollar actividades relacionadas con cobre, oro y plata, además de la extracción de concentrados. Ambas fueron radicadas en agosto de 2026 y abarcan, en conjunto, alrededor de 3.100 hectáreas en Urumita. Los expedientes continúan en evaluación.
En Santander, otra solicitud presentada por Guillermo Matíz Martínez el 12 de agosto de 2026 comprende cerca de 7.500 hectáreas en El Carmen de Chucurí. El pedido incluye minerales como oro, plata, platino, plomo, titanio y vanadio, y también permanece en evaluación.
Estos casos se suman a la presencia de derechos mineros preexistentes en algunos de los territorios delimitados como APPA. Según los datos recogidos por Cambio, en La Guajira los títulos mineros comprendían 29.752 hectáreas, equivalentes al 37,28% del área protegida, de las cuales 14.339 hectáreas correspondían a títulos en etapa de explotación.
En Antioquia se identificaron 213 registros mineros que coincidían con 12.125 hectáreas, además de 42 zonas reservadas. En Córdoba, por su parte, se reportaron 32 registros que abarcaban 15.590 hectáreas.
¿Qué implicaba la protección de las APPA?
Las APPA fueron establecidas para identificar y proteger terrenos considerados relevantes para la producción de alimentos. Su delimitación buscaba priorizar el uso agrícola de esas superficies frente a actividades que pudieran comprometer su disponibilidad para la producción agropecuaria.
Sin embargo, la figura no suponía una prohibición general de otras actividades económicas. Las disposiciones no impedían el desarrollo de proyectos de turismo, infraestructura o servicios públicos, ni obligaban a los propietarios a cultivar sus terrenos. También contemplaban el respeto de los derechos adquiridos.
Su aplicación sí podía restringir el desarrollo de determinados proyectos nuevos, entre ellos algunas iniciativas mineras, en función de las condiciones establecidas para cada área.
Con el avance de las derogatorias, esos territorios dejan de estar sujetos a las restricciones específicas que establecía la delimitación de las APPA. El alcance de los cambios dependerá de las decisiones administrativas correspondientes y de las condiciones aplicables a cada proyecto.
