El endurecimiento de controles a la exportación de minerales críticos por parte de China genera sobrecostos, escasez y reconfiguración de las cadenas de suministro occidentales.
El reciente bloqueo de 55 toneladas métricas de antimonio en el puerto chino de Ningbo, clave para la industria de defensa, evidencia cómo China está utilizando su dominio sobre los minerales críticos como una herramienta estratégica. La carga, retenida por tres meses, solo fue liberada bajo condiciones restrictivas, lo que ha elevado las alertas en el sector industrial y gubernamental de Estados Unidos.
China suministra más del 90% de las tierras raras del mundo y lidera el mercado de materiales como galio, germanio y antimonio. Estas materias primas son esenciales para la fabricación de componentes de alta tecnología y sistemas militares, lo que ha puesto en aprietos a los fabricantes occidentales ante las recientes regulaciones chinas que exigen documentación detallada sobre el uso final de los productos.
El impacto económico es significativo: los precios de algunos minerales se han multiplicado por cinco y, en casos como el samario, el aumento ha sido de hasta 60 veces. Esto ha encarecido la producción de sistemas como drones, visores nocturnos y misiles guiados, afectando márgenes de ganancia y cronogramas de entrega.
La respuesta del Departamento de Defensa estadounidense ha sido aumentar la inversión en producción local y alianzas con proveedores aliados. En el último año, se destinaron más de 400 millones de dólares para fortalecer la cadena de suministro de imanes y sustratos críticos. Sin embargo, se estima que el reemplazo efectivo de proveedores chinos podría tardar años.
Las grandes empresas de defensa han comenzado a negociar directamente con productores, conscientes de que los intermediarios ya no garantizan abastecimiento. La presión sobre las startups tecnológicas y fabricantes emergentes es mayor, debido a su limitada capacidad financiera para enfrentar una crisis de esta magnitud.
Este escenario refuerza una tendencia: la transición hacia cadenas de suministro más seguras, diversificadas y alineadas geopolíticamente, con costos que probablemente se trasladarán al consumidor final o requerirán subsidios estatales para mitigar su impacto.
