La aprobación de la Contraloría marca un nuevo hito para el desarrollo industrial del sur chileno, aunque bajo condiciones legales estrictas.
La reciente toma de razón por parte de la Contraloría General de Chile del decreto que establece la Política Nacional de Construcción Naval marca un paso decisivo para el país en términos de fortalecimiento industrial, generación de empleo y proyección estratégica. Esta política, anunciada por el presidente Gabriel Boric y firmada en enero en las instalaciones de Asmar Talcahuano, busca que todas las futuras unidades de superficie de la Armada de Chile sean construidas dentro del país.
El decreto fue aprobado el 8 de julio, según el dictamen N.º E114714, pero con una observación clave: no tiene carácter normativo por sí mismo. La Contraloría dejó en claro que todas las acciones deberán ejecutarse dentro de los límites legales vigentes y que cualquier participación de entes privados o autónomos requerirá convenios formales. En ese sentido, si bien el proyecto tiene un fuerte valor simbólico y estratégico, deberá sortear con precisión los márgenes legales para ser viable en la práctica.
El objetivo central de esta política es consolidar la industria naval chilena y, al mismo tiempo, avanzar en la industrialización del sur del país. El presidente Boric remarcó su impacto económico, tecnológico y soberano, destacando que se trata de una apuesta a largo plazo que podría convertir a la región del Biobío en un polo tecnológico con alto valor agregado. Universidades regionales como la del Biobío, la de Concepción y la Austral de Valdivia están llamadas a desempeñar un rol clave en la formación de capital humano especializado, reforzando una alianza Estado–Academia–Industria.
La política, si logra sostenerse como política de Estado más allá del actual gobierno, podría transformar profundamente el mapa productivo de Chile, posicionando al sector naval no solo como un engranaje militar, sino como motor de desarrollo económico regional.
