El gremio advierte que el crimen organizado se ha insertado en el sector construcción y plantea cambios al Decreto Legislativo 1187 para enfrentar delitos como extorsión, tráfico de tierras y lavado de activos.
La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) advirtió que la criminalidad organizada se ha convertido en uno de los principales factores que explican la inseguridad ciudadana y la pérdida de competitividad del país, debido a su creciente inserción en actividades económicas legales, entre ellas el sector construcción.
Durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 96, el vicepresidente ejecutivo de CAPECO, Guido Valdivia, señaló que las organizaciones criminales no solo controlan territorios e infiltran instituciones, sino que además han logrado corromper autoridades y consolidarse en actividades ilegales que hoy se conectan con la economía formal.
Valdivia indicó que desde hace más de dos décadas la construcción se ha convertido en un espacio particularmente vulnerable para estas redes delictivas, siendo la extorsión y el sicariato apenas la expresión más visible de un problema estructural más profundo.
En ese contexto, CAPECO propuso modificar el Decreto Legislativo 1187, vigente desde el 2015, al advertir que su diseño actual resulta insuficiente frente a la evolución y sofisticación de las organizaciones criminales que operan en el sector construcción. El gremio planteó ampliar el alcance de la norma para incorporar delitos que hoy cometen los denominados falsos sindicatos, como tráfico de tierras, urbanización ilegal, construcción informal, crédito usurero, venta ilegal de materiales y servicios, y lavado de activos.
Mantener un marco legal desactualizado favorece la impunidad y permite que estas redes criminales sigan operando dentro de la economía formal, afectando la seguridad de los trabajadores y desincentivando la inversión. Por ello, el gremio subrayó que la lucha contra la violencia en la construcción debe centrarse en desarticular la economía criminal que la sostiene.
CAPECO planteó, además, revisar los registros sindicales para depurar a las organizaciones inscritas sin el debido control, fortalecer las facultades del Ministerio de Trabajo sobre los procesos de registro a cargo de los gobiernos regionales, facilitar la bancarización de los ingresos sindicales e implementar la plataforma de interoperabilidad prevista en el Decreto Legislativo 1187, que permitiría el cruce de información entre diversas entidades del Estado.
Finalmente, CAPECO y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) propusieron impulsar un Pacto Nacional que permita enfrentar de manera articulada y sostenida los desafíos del sector, en un momento clave para el país, marcado por la coincidencia de grandes proyectos de infraestructura y la necesidad de fortalecer la seguridad, la formalidad y la competitividad económica.
