El banco de desarrollo convocó a expertos, autoridades y academia para analizar los desafíos regulatorios, de inversión y equidad territorial que enfrenta el país para ampliar el acceso al gas natural, con especial énfasis en las regiones del sur.
CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del gas natural como un componente clave para el desarrollo productivo, la inclusión social y la competitividad del Perú, durante el Foro “Masificación del Gas Natural en el Perú”, organizado por la institución en Lima.
El encuentro reunió a expertos del sector energético, representantes del sector privado, academia y autoridades vinculadas al diseño de políticas públicas, quienes analizaron los principales desafíos para ampliar el acceso al gas natural a nivel nacional, con énfasis en las brechas territoriales que persisten, especialmente en las regiones del sur del país.
Santiago Rojas, gerente regional norte de CAF y representante del banco en el Perú, destacó que la masificación del gas natural debe abordarse como una política de desarrollo de largo plazo. “El gas natural no solo permite reducir costos energéticos y emisiones, sino que es un habilitador estratégico para la competitividad, la transformación productiva y la inserción del Perú en la economía digital”, señaló.
Durante el foro se puso en evidencia que, pese a los avances logrados desde el inicio del Proyecto Camisea —que hoy abastece a millones de hogares, empresas y al sistema eléctrico—, el acceso al gas natural sigue concentrado en Lima y Callao, generando desigualdades en el acceso a una energía más limpia y asequible.
En ese contexto Carlos Casas, director del Centro de Estudios de Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, presentó un análisis sobre las alternativas para llevar gas natural a las regiones del sur, donde alrededor de 1,2 millones de personas aún no acceden a este recurso. El estudio identificó tres caminos posibles: el desarrollo de una obra pública, la convocatoria de una nueva Asociación Público-Privada (APP) o el uso de mecanismos contractuales que permitan ampliar la cobertura de distribución existente. Cada opción presenta distintos plazos, riesgos fiscales y desafíos de implementación, por lo que su evaluación requiere criterios técnicos, regulatorios y de sostenibilidad fiscal. De acuerdo con Casas, la tercera opción se vislumbraría como la más recomendable, dado que se cuenta con un operador que ha cumplido sus compromisos de inversión y de cobertura en el pasado, que puede realizar la inversión necesaria para las siete regiones.
“Desde CAF promovemos una discusión técnica y basada en evidencia, que permita tomar decisiones oportunas para cerrar brechas energéticas, sin perder de vista la sostenibilidad de las finanzas públicas ni la necesidad de contar con un marco regulatorio predecible”, enfatizó Rojas. Añadió que el rol de CAF es acompañar a los países con financiamiento, asistencia técnica y generación de conocimiento, facilitando consensos entre el sector público y privado.
En la misma línea, desde una mirada macroeconómica y de política pública, Luis Miguel Castilla, director de Videnza, destacó el rol del gas natural como pilar de una matriz energética limpia y confiable, y advirtió sobre la brecha de acceso a energía segura que aún afecta a millones de peruanos. Señaló la necesidad de fortalecer la institucionalidad y facilitar la inversión en exploración e infraestructura gasífera, especialmente ante las restricciones fiscales actuales. Asimismo, subrayó el papel de la banca multilateral para atraer capital privado y aprovechar una ventana de oportunidad clave para la seguridad energética y el desarrollo del país.
El foro también subrayó el potencial del gas natural como combustible de transición en el proceso de transformación energética del país, así como su importancia para atender la creciente demanda de nuevos grandes usuarios, como los centros de datos, clave para el desarrollo digital y la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial.
CAF promueve una transición energética justa, entendido como un proceso que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que prioriza el acceso a energía asequible y confiable como condición para el desarrollo productivo, la inclusión social y la equidad territorial.
CAF reiteró su disposición a seguir apoyando al Perú en el diseño e implementación de estrategias que permitan aprovechar de manera equitativa y sostenible los recursos energéticos del país, contribuyendo a una transición energética ordenada, al crecimiento económico y al bienestar de la población.
