Un proyecto de ley multipartidario plantea expropiar la operadora y crear una nueva empresa estatal para garantizar la conectividad en todo el país.
Una iniciativa legislativa ingresó esta semana al Congreso con una propuesta de alto impacto: declarar de necesidad pública e interés nacional la nacionalización de Telefónica del Perú, expropiando sus activos, operaciones y acciones. La medida, respaldada por congresistas del bloque de izquierda, incluye también la creación de una nueva empresa estatal que asumiría el control del servicio de telecomunicaciones.
El documento fue presentado el jueves a las 11:25 a. m. y establece que el Poder Ejecutivo deberá ejecutar la expropiación en un plazo no mayor de 30 días calendario desde la entrada en vigencia de la norma. El objetivo declarado: proteger intereses estratégicos del Estado, de los afiliados al sistema de pensiones, de los proveedores y del servicio de telecomunicaciones como eje de la conectividad nacional.
Justiprecio y empresas asociadas
El texto incluye en el proceso de expropiación a empresas vinculadas como PangeaCo, Telefónica Cloud Tech Perú y Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech Perú, todas creadas entre marzo y junio de 2020. En cuanto al pago por la expropiación, denominado justiprecio, este se calcularía sobre la base de la última operación extrabursátil de compraventa del 99.3% de acciones de la compañía. A dicho monto se le descontarían las deudas tributarias, sanciones regulatorias y otras obligaciones pendientes.
Una nueva empresa estatal en camino
La iniciativa plantea la creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú, una entidad pública de derecho privado adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esta empresa asumiría de manera transitoria la gestión de los servicios, bajo un esquema de gobierno corporativo, en tanto se define su destino definitivo: si permanece como estatal, se concesiona o se privatiza bajo nuevas condiciones.
Argumentos y respaldo político
Los autores del proyecto, entre ellos los congresistas Guillermo Bermejo, Sigrid Bazán, Ruth Luque, Jaime Quito y Roberto Sánchez, afirman que se trata de una medida urgente ante lo que califican como “problemas estructurales del sector” y la necesidad de un mayor control estatal sobre servicios estratégicos. En su visión, la nacionalización permitiría garantizar cobertura, equidad y acceso universal en las telecomunicaciones.
