Bruselas abre procedimiento contra España por fallos en la normativa hipotecaria

La Comisión Europea detecta una transposición incorrecta de la Directiva 2014/17 y da dos meses para corregir deficiencias.

La Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra España por considerar que no ha incorporado correctamente a su legislación la Directiva 2014/17/UE sobre créditos hipotecarios. La decisión forma parte del paquete de infracciones publicado el 30 de enero y también afecta a Austria.

Según el Ejecutivo comunitario, existen deficiencias en la forma en que España ha adaptado aspectos clave de la norma, especialmente en materia de supervisión de intermediarios de crédito y acceso transfronterizo a bases de datos para evaluar la solvencia de los consumidores.

Supervisión y mercado único, los puntos críticos

La Directiva 2014/17 busca consolidar un mercado hipotecario europeo más integrado, competitivo y con altos estándares de protección al consumidor. Entre sus disposiciones establece que la supervisión principal de los intermediarios de crédito corresponde al Estado miembro de origen, limitando la intervención del país donde operan cuando prestan servicios transfronterizos.

La Comisión considera que España no ha transpuesto adecuadamente este mecanismo, lo que podría generar distorsiones en el funcionamiento del mercado único.

Otro punto observado es el acceso equitativo de los prestamistas de todos los Estados miembros a las bases de datos nacionales utilizadas para evaluar la solvencia de los clientes. Bruselas entiende que la legislación española no garantiza plenamente este principio.

Dos meses para responder

Con el envío de la carta de emplazamiento, España dispone ahora de dos meses para presentar alegaciones y corregir las deficiencias señaladas. Si la respuesta no resulta satisfactoria, la Comisión podría emitir un dictamen motivado, paso previo a una eventual remisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El procedimiento no implica sanciones inmediatas, pero sí abre una fase formal de supervisión que podría tener implicancias regulatorias para el sistema financiero español si no se corrigen los puntos observados.