- De acuerdo con la SNCI, este escenario ya se refleja en interrupciones de obras vinculadas a infraestructura crítica.
A pesar de las recientes transferencias aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), 22 proyectos de infraestructura pública permanecen en situación de riesgo por falta de financiamiento completo, según información difundida por la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI).
Entre los Decretos Supremos N.° 249-2025-EF y N.° 290-2025-EF, el Ejecutivo autorizó S/ 520 millones para asegurar la continuidad de obras consideradas prioritarias. Sin embargo, el monto no cubre la brecha presupuestal acumulada, que supera los S/ 3 mil millones para el ejercicio fiscal 2025, lo que mantiene en suspenso la ejecución regular de los proyectos.
La situación evidencia un desfase entre la programación presupuestal y las obligaciones contractuales vigentes, generando retrasos en el cronograma de obras y afectando tanto a la provisión de servicios públicos como a la estabilidad del sector construcción.
De acuerdo con la SNCI, este escenario ya se refleja en interrupciones de obras vinculadas a infraestructura crítica, como defensas ribereñas, centros educativos y establecimientos de salud, especialmente en regiones del norte del país expuestas a eventos climáticos recurrentes.
Uno de los proyectos emblemáticos es el de defensas ribereñas del río Motupe, cuya ejecución busca reducir el riesgo de inundaciones para más de 50 mil personas. La falta de continuidad presupuestal mantiene a estas poblaciones en una situación de vulnerabilidad ante la proximidad de la temporada de lluvias.
“El problema no es solo de montos, sino de predictibilidad. La infraestructura requiere financiamiento continuo y reglas claras para evitar sobrecostos, paralizaciones y riesgos innecesarios para la población”, señaló la SNCI.
El gremio advirtió que, de no corregirse esta brecha, el Estado podría enfrentar mayores costos fiscales a mediano plazo, además de un impacto negativo en la ejecución de proyectos estratégicos y en la eficiencia del gasto público.
