La minera propone mover residuos tóxicos desde Lo Barnechea a Colina, pero omite una revisión técnica exigida por norma chilena. La oposición de comunidades crece.
Anglo American, gigante minera de origen británico, ha planteado el traslado de 48 millones de toneladas de residuos mineros desde el antiguo relave Pérez Caldera I y II, ubicado en Lo Barnechea, hacia el tranque Las Tórtolas, en la comuna de Colina. El objetivo: liberar espacio para continuar con su proyecto “Los Bronces Integrado”, aprobado por el Comité de Ministros en abril de 2023, y avanzar en la expansión subterránea sin resolver un pasivo ambiental vigente desde hace más de tres décadas.
El proyecto contempla una operación masiva mediante un ducto de 37 kilómetros para transportar el material contaminado hacia Las Tórtolas, instalación que ya se encuentra al 45% de su capacidad. Sin embargo, la minera evitó incluir en su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) la Revisión Independiente de Seguridad de Presas (DSR), una herramienta estándar de evaluación utilizada a nivel internacional y obligatoria según la normativa chilena (DS 248/2007 del SERNAGEOMIN).
Riesgo sísmico, filtraciones y cercanía a fuentes de agua
La urgencia de remover el relave no es nueva: en 1989, se ordenó su traslado y se estableció un plazo de 25 años, que venció en 2015. Uno de los mayores riesgos es su ubicación en una zona sísmica crítica, a escasa distancia de la falla activa de San Ramón. En 1987, las lluvias elevaron peligrosamente el nivel del relave, quedando a tan solo 50 centímetros del colapso y obligando a evacuar el área.
A esto se suma su emplazamiento sobre la cuenca del río San Francisco, afluente del Mapocho, que abastece de agua potable a parte importante de la Región Metropolitana. La amenaza de una posible ruptura del muro de contención podría derivar en una crisis sanitaria y ecológica de gran escala.
Pero hay un factor aún más alarmante: el relave no posee una geomembrana protectora, lo que permite la filtración de residuos tóxicos a las napas subterráneas, con consecuencias directas sobre la calidad del agua, el suelo y la salud de las comunidades.
Rechazo ciudadano y posibles acciones legales
El informe presentado por Anglo American al Servicio de Evaluación Ambiental ha sido objeto de una reclamación formal por parte de comunidades y organizaciones ambientales, que exigen la incorporación del análisis técnico omitido. Si no se logra incorporar esta revisión de seguridad, el caso podría escalar al Tribunal Ambiental o a otras instancias judiciales.
El conflicto pone nuevamente en el centro del debate la tensión entre desarrollo minero y protección ambiental, particularmente en regiones densamente pobladas como la Metropolitana, donde los impactos podrían alcanzar niveles difíciles de revertir.
