La región concentra el 14% de las visitas globales a soluciones de IA, pero recibe apenas el 1,12% de la inversión mundial en esta tecnología, una brecha que plantea desafíos sobre soberanía tecnológica, innovación y desarrollo de capacidades propias.
El ILIA 2025, elaborado por CEPAL y CENIA, analiza 19 países de América Latina y el Caribe, y entre sus conclusiones muestra que la región ya representa 14% de las visitas globales a soluciones de IA y ocupa el tercer lugar mundial en descargas de aplicaciones de IA generativa. Pero existe una contradicción: la región representa aproximadamente 6,6% del PIB mundial y capta apenas 1,12% de la inversión global en IA. Es decir, se está usando IA mucho más de lo que se desarrolla capacidad propia. Además, CEPAL señala que buena parte de la adopción regional ocurre mediante soluciones desarrolladas fuera de América Latina, lo que abre una discusión estratégica sobre soberanía tecnológica, talento y capacidad de generar soluciones propias.
“Ya casi nadie discute si hay que regular la inteligencia artificial. Ese debate está saldado: Europa, Estados Unidos, Brasil y buena parte del mundo ya están regulando, con más o menos acierto. La discusión real es otra: ¿hacia dónde apuntan esas reglas? ¿proteger al trabajador, a las industrias, a los más chicos?: y fundamentalmente ¿cuándo las escribimos nosotros?”, sostiene Valerio Adrián Anacleto, Fundador y CEO de Epidata. A lo que agrega: “Porque si regulamos recién cuando no nos quede otra, cuando la exigencia viene impuesta desde afuera para poder seguir siendo parte del mundo, vamos a haber perdido algo que no se recupera: la posibilidad de escribir reglas que nos sirvan a nosotros.”.
Estados Unidos vs. China: la carrera por la IA
El debate en torno a la IA cobra fuerza en Estados Unidos y el mundo, mientras algunos alertan sobre los peligros que plantea esta tecnología; otros aseguran que esas preocupaciones son exageradas y secundarias frente al desafío de la carrera por el avance de la IA.
“El riesgo no es la regulación que viene. El riesgo es que no puedo escribir en un contrato qué es lo que voy a tener que cumplir dentro de dieciocho meses. Eso no es un problema filosófico, es un problema de contrato. En todo acuerdo de servicios hay una cláusula donde el proveedor garantiza el cumplimiento de la normativa aplicable. Con la norma europea de datos personales era simple: existía, estaba escrita, tenía fecha. Hoy esa misma cláusula es un cheque en blanco para las dos partes. Y cuando nadie sabe bien qué está firmando, el ciclo de venta se estira, el riesgo se valoriza hacia arriba y el cliente termina eligiendo el proyecto más conservador y no el mejor.”, comenta Anacleto, Lic. en Ciencias de la Computación por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde ejerció como docente de Computación durante 20 años
“Entonces sí, prefiero mil veces una regulación exigente y clara. Pero le falta un atributo del que se habla poco: no alcanza con claridad, hace falta estabilidad. Un ciclo de producto de IA, del diseño a la operación real, corre entre dieciocho y veinticuatro meses. Hoy las reglas se mueven más rápido que eso.”, asegura el fundador de Epidata. “Por eso la salida no es una norma que intente prever todo. Cuanto más detallada, más rápido queda vieja. Mejor un marco simple, que se actualice con previsibilidad y con tiempo, porque en el medio hay contratos vigentes que tienen que adecuarse.”, agrega,
El rol del Estado: ¿cómo regular los riesgos sin desincentivar la innovación?
Anacleto describe tres puntos que marcan la diferencia al momento de hablar sobre regular o no regular la IA, y cómo hacerlo.
En primer lugar, es importante saber que se regula el uso, no la tecnología. La unidad de análisis tiene que ser la decisión que afecta a una persona concreta si le dan un crédito, si entra a un puesto, si accede a una prestación de salud y no el modelo en abstracto.
Regular la herramienta es regular algo que cambia cada seis meses; regular la decisión es regular algo que es estable hace décadas. Además, buena parte ya está regulada, por ejemplo, la discriminación laboral ya es ilegal, el scoring crediticio ya tiene marco. No hace falta un régimen paralelo. Hace falta especificar cómo se aplica el existente cuando la decisión la sugiere una máquina.
En segundo lugar, el Estado tiene que intermediar la disrupción, y el instrumento correcto es el derecho posterior, no el permiso previo. La asimetría es real: entre quien despliega un sistema de decisión automatizada y quien la recibe no hay paridad de información ni capacidad de reclamo. El que pierde un empleo o un crédito por una inferencia estadística no tiene cómo auditarla, y hoy tampoco hay forma de probar si hubo sesgo. El número lo dice todo: el 62% de los trabajadores argentinos teme perder su empleo por la IA, pero solo el 15% la usa habitualmente. Los que sí la usan todos los días reportan 71% más productividad y 54% más sensación de seguridad laboral. La brecha no es tecnológica, es de acceso.
Proteger a esa persona no requiere frenar el mercado. Requiere que sepa que hubo un sistema involucrado, que pueda pedir una explicación en un plazo cierto y que pueda exigir revisión humana. Eso protege sin frenar.
En tercer lugar, el Estado como comprador. El Estado tiene algo que ningún privado tiene: cuando incorpora una exigencia a un pliego, ordena el mercado sin sancionar a nadie.
“No se puede jugar al fútbol en una cancha que se mueve, con una pelota que a veces es redonda y a veces cuadrada. Primero el marco claro; después ajustamos las pausas de hidratación y el tiempo para sacar el lateral. Regular no es frenar. Es poner semáforos para poder acelerar.”, concluye Anacleto.
