En 2026, el crecimiento se desaceleraría a 2.2% debido al entorno de incertidumbre electoral. La principal fuente de inestabilidad macroeconómica es la consolidación fiscal: el IPE proyecta el incumplimiento de la regla fiscal vigente al menos durante cuatro años (2023-2026), lo que afecta la credibilidad fiscal del país. El consumo privado mantendría su dinamismo en el segundo trimestre de 2025 y la inversión privada se habría expandido 6.7% en abril-mayo.
La economía peruana creció 3.9% en el primer trimestre de 2025, consolidando el impulso observado a fines de 2024. Este desempeño fue liderado por el gasto privado, sostenido en un mayor ritmo de crecimiento de la inversión privada y la continua fortaleza del consumo privado. A nivel regional, según cifras publicadas recientemente, este escenario se reflejó en un desempeño económico más favorable para Lima y las zonas oriente y centro del país. En contraste, las zonas norte y sur mostraron una desaceleración en comparación con los resultados del 2024. En el norte, el menor dinamismo se explica por la moderación en el crecimiento de las agroexportaciones, que en 2024 habían repuntado tras la normalización de los fenómenos climáticos del 2023. Por su parte, el sur se vio afectado por la caída de la producción minera ante las menores leyes del mineral previstas en las principales operaciones de Cusco.
Hacia el segundo trimestre del año, las cifras adelantadas indican una leve moderación de la economía, pero con un gasto privado que mantiene su fortaleza. Si bien el crecimiento del PBI se desaceleró a 1.4% en abril, esto se debió principalmente al efecto estadístico de los feriados de Semana Santa que limitaron la actividad de los sectores no primarios. Pese a ello, el consumo privado mantendría un fuerte dinamismo impulsado por el sostenido aumento del empleo e ingresos en el sector formal. Además, el IPE estima que la inversión privada se habría expandido 6.7% en abril y mayo, producto del mayor consumo interno de cemento y los elevados volúmenes de importación de bienes de capital. Por su parte, el gasto público mostró un comportamiento mixto: la inversión pública disminuyó 0.2% en abril y mayo por la menor ejecución en gobiernos subnacionales, mientras que el gasto corriente se incrementó 3.6% en el mismo periodo.
En este contexto, el IPE actualiza ligeramente al alza sus proyecciones del PBI a 3.2% en 2025 (antes 3.1%) y a 2.2% en 2026 (antes 2.0%). Para el 2025, se espera un mayor dinamismo de la inversión privada, en línea con el desempeño favorable registrado en el primer trimestre. Asimismo, se anticipa un sostenido avance del consumo privado, ante las mejores condiciones del mercado laboral formal y el entorno de inflación dentro del rango meta del BCRP. Para el 2026, se mantiene el pronóstico de desaceleración económica en un contexto de incertidumbre electoral, acentuada por el elevado número de candidatos a la presidencia y poca claridad sobre sus propuestas. Este escenario llevaría a una desaceleración de la inversión privada desde fines del 2025 y, para el 2026, resultaría en una contracción de 1.4%.
La principal fuente de inestabilidad macroeconómica en el corto plazo es la consolidación fiscal, dado un continuo incumplimiento de las reglas fiscales por parte del MEF. El IPE proyecta una ligera reducción del déficit a 3.0% del PBI al cierre del 2025, explicado por los ingresos transitorios por regularización, pero por encima de la meta vigente de 2.2%. De esta manera, se incumpliría la meta fiscal por tercer año consecutivo. Para el 2026, la disipación del efecto de los ingresos extraordinarios y la menor dinámica de crecimiento económico durante el periodo electoral afectarían la capacidad de continuar reduciendo el déficit, el cual ascendería a 3.5% del PBI. De esta manera, considerando las reglas vigentes, se acumularían cuatro años consecutivos de incumplimiento de la regla de déficit fiscal. Sumado a esto, el Ejecutivo acaba de promulgar una ley aprobada recientemente por el Congreso, que suma una nueva presión sobre las cuentas fiscales con la modificación de la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV). Esto derivará en un desfinanciamiento sobre el Gobierno Central y requerirá eventualmente una compensación a través de una mayor emisión de deuda o una mayor presión sobre pocos contribuyentes del impuesto a la renta.
La actualización de las proyecciones fue presentada por Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del IPE, durante el seminario virtual “Recuperación económica en un escenario preelectoral: Perspectivas de crecimiento 2025-2026”, organizado por el IPE y que contó con los comentarios de Jaime Reusche, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s; y la moderación de Alejandra Costa, periodista económica y Curadora de Economía del Comité de Lectura.
Durante su participación, Reusche alertó sobre los principales riesgos macrofiscales para el país en un contexto preelectoral. En el ámbito macroeconómico, Reusche coincidió con la perspectiva de que la economía peruana crecería por encima de 3.0% en 2025; no obstante, alertó de que el crecimiento en 2026 dependerá de la dinámica de la inversión privada la cual prevé tendría un avance nulo en un contexto de optimismo cauto por parte del sector privado. En el ámbito fiscal, alertó que una modificación sobre la meta de déficit fiscal implicaría un mayor gasto público proyectado. Asimismo, señaló que el creciente déficit fiscal implica riesgos para la fortaleza fiscal del país, en una economía donde la inversión privada tiene un papel más importante que la inversión pública. Por último, cuestionó medidas como la reciente modificación del IGV para una mayor redistribución hacia los gobiernos subnacionales, la cual debilita la credibilidad fiscal de las autoridades.
