El inicio del cronograma de declaraciones informativas activa la fiscalización sobre operaciones entre partes vinculadas. Las empresas deben prepararse para evitar sanciones.
El próximo 18 de junio, miles de empresas deberán cumplir con una obligación tributaria clave: la presentación de las declaraciones juradas informativas de Precios de Transferencia correspondientes al ejercicio fiscal 2024, según el cronograma fijado por la SUNAT. Esta medida alcanza a todos los contribuyentes con ingresos iguales o superiores a 2,300 UIT (S/11.385.000) que hayan realizado operaciones con partes vinculadas por montos que oscilen entre 100 UIT (S/495.000) y 400 UIT (S/1.980.000).
La normativa busca garantizar que las transacciones entre empresas relacionadas —a nivel local o internacional— se realicen a valores de mercado, reduciendo así riesgos de evasión o elusión fiscal. En este marco, la SUNAT ha intensificado su enfoque fiscalizador, elevando el nivel de supervisión y el riesgo de sanciones para quienes incumplan.
“El seguimiento exhaustivo que vimos en 2024 marca un precedente claro: las empresas deben estar preparadas para un proceso fiscal dinámico y riguroso. En 2025 la supervisión será aún más estricta”, señaló Carlos Vargas Alencastre, CEO de TPC Group, firma especializada en asesoría tributaria internacional.
La omisión o presentación extemporánea de los reportes —Reporte Local, Reporte Maestro o Reporte País por País, según corresponda— puede conllevar multas severas, ajustes fiscales y auditorías prolongadas, con implicancias financieras y reputacionales para las compañías.
Para evitar contingencias, TPC Group recomienda a las empresas:
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Revisar y clasificar correctamente todas las operaciones vinculadas realizadas en 2024.
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Verificar si se superan los umbrales que activan la obligación de declarar.
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Preparar con anticipación la documentación exigida, respetando los formatos y plazos establecidos por la SUNAT.
“El cumplimiento puntual y riguroso de las obligaciones en materia de Precios de Transferencia no solo es un deber legal, sino una estrategia clave de gestión tributaria que fortalece la confianza institucional y protege a las empresas de sanciones costosas”, concluyó Vargas Alencastre.
