El gobierno fusiona 14 programas de infraestructura bajo el ANIN, buscando eficiencia y ahorros millonarios. ¿Será suficiente para ejecutar proyectos clave?
El gobierno peruano ha anunciado la fusión de 14 programas de infraestructura, transferiendo las carteras de proyectos a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Esta medida busca convertir a la ANIN en la Unidad Central de Inversión Pública, enfocada en mejorar la gestión, la articulación territorial y la ejecución eficiente de las inversiones en infraestructura.
Según el ministro de Economía, José Salardi, la fusión permitirá un ahorro estimado de S/2.500 millones entre junio y diciembre de este año, con un impacto más significativo en 2026, cuando el Estado podría dejar de gastar hasta S/4.000 millones. Sin embargo, la forma exacta en que se alcanzarán estos ahorros aún no está clara, y algunos expertos han pedido mayor transparencia en los detalles de la medida.
Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, señaló que las cifras presentadas carecen de evidencia suficiente para generar confianza en los ahorros proyectados. Según él, el Ministerio de Economía debe ser más claro respecto a si los ahorros provendrán de la reducción de personal o de mejoras en la eficiencia operativa.
Por otro lado, David Tuesta, presidente del Consejo Privado de la Competitividad, destacó que, aunque en el sector privado las fusiones suelen resultar en recortes de personal, en el sector público este proceso es más complejo debido a las dificultades para desvincular trabajadores.
A pesar de las expectativas de ahorro, expertos como Paola Lazarte, ex ministra de Transportes y Comunicaciones, advierten que el verdadero desafío no está solo en la reducción de costos, sino en mejorar la ejecución de proyectos. Lazarte señala que, aunque la idea de la fusión es positiva, sin cambios en los modelos de gerencia y sin reformas profundas, la medida podría quedarse solo en un ajuste organizativo sin abordar los problemas estructurales de la infraestructura pública.
Rafael Zácnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, también expresó su preocupación sobre la ejecución de proyectos, ya que actualmente existen más de 2.600 obras paralizadas, muchas de ellas en manos de gobiernos subnacionales. Según Zácnich, la fusión de programas podría optimizar recursos, pero no garantizaría la culminación de los proyectos en curso sin una reforma integral del Estado. Al cierre de este artículo, el decreto oficial que confirma la fusión aún no ha sido publicado.
