Gremios del sector advierten que la paralización por 30 días afecta gravemente la producción, el empleo y la recaudación fiscal en la región La Libertad.
Empresas mineras que operan en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, alertaron sobre graves pérdidas económicas tras la declaratoria de toque de queda y suspensión de labores mineras por 30 días, dispuesta por el Gobierno como respuesta a la reciente masacre de 13 trabajadores a manos de bandas criminales vinculadas a la minería ilegal.
La medida, si bien busca restaurar el orden en una zona golpeada por la violencia, ha generado un frenazo abrupto en las operaciones productivas formales, afectando a cientos de contratistas, proveedores locales y trabajadores.
Gremios empresariales estiman que el sector minero en Pataz podría perder decenas de millones de dólares por esta paralización forzada. Además, se advierte que la inactividad de un mes provocará una reducción significativa en los niveles de producción de oro y una baja en la recaudación tributaria y regalías para el Estado.
Efecto en cadena
La suspensión también impacta a las cadenas de valor regionales, incluyendo transporte, alimentación, servicios técnicos y comercio local, generando un efecto económico en cascada en la provincia y sus zonas aledañas.
“Entendemos la necesidad de medidas de seguridad, pero se requiere una estrategia que combata al crimen sin castigar a la minería formal, que opera cumpliendo con la ley y genera empleo”, señalaron voceros de compañías afectadas.
Llamado al Gobierno
Desde el sector minero se hizo un llamado urgente al Ejecutivo para establecer protocolos diferenciados que permitan reanudar progresivamente las operaciones formales bajo resguardo del Estado, al tiempo que se intensifique la lucha contra las mafias ilegales.
