El Instituto Peruano de Economía (IPE), reportó que la inversión pública creció 25% en términos reales en diciembre, luego de cinco meses continuos de caída. La notable expansión en dicho mes se explicó por el crecimiento de la inversión de los gobiernos regionales (74%) y del Gobierno Nacional (38%).
De esta manera, refiere la entidad, en el 2023 la inversión pública logró un crecimiento real de 3.1%, impulsada por el aumento de la inversión del Gobierno Nacional (7.1%) y los gobiernos regionales (2.7%), pese a la caída de los gobiernos locales (-6.7%). Este resultado contrasta con las disminuciones registradas en los periodos anteriores de inicio de gestión de los gobiernos subnacionales.
Según el IPE, el año pasado, la inversión pública superó los 50,000 millones de soles, la cifra más alta en términos reales desde que se tiene registro. Luego de un periodo de estancamiento entre el 2015 y 2019, el monto de inversión pública se ha incrementado de manera consistente en los últimos años (2021-2023).
De los 26 gobiernos regionales, 17 registraron un aumento en su inversión. En particular, la inversión del gobierno regional de Tumbes creció un 174%, impulsada principalmente por la reconstrucción del Hospital De Apoyo Saul Garrido Rosillo II. Este proyecto, con una inversión de casi 62 millones de soles, representó el 29% del total ejecutado en la región.
El IPE precisó que en el 2023 se inició el proceso de contratación Gobierno a Gobierno (G2G) para el proyecto Chavimochic II. En este marco, Países Bajos y Canadá presentaron en diciembre sus ofertas para completar la Presa Palo Redondo, componente clave del proyecto. Previamente, el Gobierno Regional de La Libertad asumió la responsabilidad de la ejecución del Canal Madre y el sistema de automatización del proyecto.
“Por otro lado, al cierre de 2023, el proyecto Majes-Siguas II en Arequipa registró un desfase significativo entre su avance financiero de 36% y su avance físico de solo 12%. El proyecto se encuentra actualmente paralizado debido a controversias entre la concesionaria y el Gobierno Regional de Arequipa, que han dado lugar a un proceso de arbitraje ante la Cámara de Comercio de Lima (CCL)”, refirió la institución.
