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jueves, noviembre 19, 2026
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Riesgos tributarios en la empresa: cuando la documentación de soporte no resiste una fiscalización de la SUNAT

Pablo Sotomayor, socio del Área Tributaria de Pérez-Llorca, Miranda & Amado, analiza cómo los vacíos en el sustento probatorio de las operaciones de las empresas pueden convertir transacciones legítimas en contingencias fiscales durante un procedimiento de fiscalización de la SUNAT.

En el ámbito corporativo, la prioridad de los equipos financieros y contables suele centrarse en el cálculo exacto de los impuestos, la interpretación legal y el encuadre tributario de sus negocios. Sin embargo, un aspecto crucial que con frecuencia pasa a segundo plano —y que termina siendo determinante frente a la autoridad fiscal— es la capacidad de la organización para probar documentalmente la veracidad y el propósito de cada una de sus transacciones.

En la práctica, aun cuando una operación responda a una necesidad empresarial legítima, se haya ejecutado efectivamente y esté registrada en la contabilidad, pueden generarse controversias con la SUNAT si se carece de evidencia suficiente, exponiendo a la empresa al cobro de supuestos impuestos omitidos, multas e intereses moratorios; por ello, la gestión del riesgo tributario exige evaluar preventivamente si se cuenta con los elementos probatorios para acreditar la realidad, naturaleza y finalidad de cada transacción, más allá de la sola revisión formal de comprobantes y registros contables.

La ejecución efectiva de un gasto no garantiza su deducibilidad

Pablo Sotomayor, socio del Área Tributaria de Pérez-Llorca, Miranda & Amado, menciona que de acuerdo al artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta (IR) para que un gasto sea deducible, este debe ser necesario para producir o mantener la fuente generadora de renta gravada “Por ello, la existencia de un comprobante de pago y el registro contable resultan insuficientes para garantizar su deducibilidad, siendo indispensable contar con documentación que acredite qué se adquirió, en qué se utilizó el bien, cómo se ejecutó el servicio y cuál fue su finalidad empresarial. Esta exigencia aplica especialmente a consultorías, asesorías, servicios intragrupo, comisiones y asistencia técnica, donde el riesgo tributario no nace de la inexistencia de la transacción, sino de la falta de evidencia para acreditarla.”

En esa línea, el Tribunal Fiscal ha respaldado este criterio en diversa jurisprudencia. Por ejemplo, en la Resolución N.° 5673-3-2020 determinó que el contribuyente no aportó pruebas que de manera razonable y suficiente acreditaran la efectiva prestación de los servicios registrados como gasto, mencionando que faltaron “informes, documentos de la ejecución de los servicios y comunicaciones entre el proveedor y la recurrente”. No obstante, la resolución deja abierta la interrogante sobre qué comprende exactamente el colegiado bajo el concepto de evidencias «razonables y suficientes».

Las obligaciones formales y la carga de acreditar las operaciones

El artículo 87 del Código Tributario obliga a los contribuyentes a colaborar con las fiscalizaciones, exhibiendo y conservando la documentación sustentatoria mientras el tributo no haya prescrito. No obstante, cumplir con formalidades como conservar libros y comprobantes es solo el punto de partida: para lograr una acreditación sustantiva, la empresa debe contar con evidencias que demuestren una trazabilidad razonable entre la contratación, ejecución, pago, registro contable y el tratamiento fiscal de la operación.

“Esta cuestión es clave en operaciones complejas o recurrentes, donde la información suele estar dispersa entre distintas áreas: contabilidad conserva la factura, el área legal el contrato, y el área usuaria los informes o correos. Si estos elementos no se consolidan adecuadamente, la empresa puede enfrentar serias dificultades para sustentar una operación legítima” agregó Sotomayor.

Un impacto que va más allá del Impuesto a la Renta

Aunque la discusión sobre la fehaciencia de las operaciones suele asociarse a la deducción de gastos en el IR, el riesgo afecta directamente la determinación del Impuesto General a las Ventas (IGV).

Los artículos 18 y 19 de la Ley del IGV regulan los requisitos sustanciales y formales para ejercer el derecho al crédito fiscal, exigiendo que el gasto sea deducible para efectos del IR. Por lo tanto, si la SUNAT desconoce la deducción de un gasto por falta de fehaciencia, ello determinará automáticamente el desconocimiento del crédito fiscal asociado, desencadenando observaciones adicionales, multas e intereses acumulados.

Gestión preventiva: coordinar antes de la fiscalización

El error más frecuente consiste en abordar la documentación recién cuando SUNAT inicia una fiscalización, momento en el cual resulta difícil recuperar información no generada oportunamente o solicitar evidencias a terceros sobre operaciones de años anteriores.

La respuesta no es acumular documentos de forma indiscriminada, sino estructurar un trabajo coordinado entre las áreas tributaria, contable, legal, financiera y operativa. Las empresas deben prestar especial atención a las operaciones de mayor materialidad, a aquellas cuya ejecución no se verifique fácilmente mediante documentos externos y a las sujetas a requisitos específicos, revisando periódicamente si los antecedentes permiten explicar la operación de manera coherente. Las operaciones intragrupo suelen también ser blanco frecuente de la SUNAT.

La documentación como instrumento de seguridad jurídica

Además, el especialista de Pérez-Llorca, Miranda & Amado, remarca que “La adecuada gestión documental no es una mera formalidad, sino el soporte fundamental para la determinación de las obligaciones y la defensa de la posición del contribuyente. Dado que la carga de la prueba recae en la empresa, la diligencia al conservar la información resulta indispensable”.

Sin embargo, los requerimientos de la SUNAT deben ser razonables y acotados. Conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Administración Tributaria está obligada a buscar la verdad material y dar impulso de oficio a los procedimientos, orientando el proceso para evaluar integralmente las circunstancias. En definitiva, la gestión documental preventiva reduce la incertidumbre y evita que la falta de evidencia suficiente transforme operaciones totalmente legítimas en contingencias fiscales.