Por Antonio Alvarez Silva, abogado especialista en Gestión Pública
En tiempos de polarización política y fiscalización mediática, se ha vuelto deporte nacional cuestionar la designación de funcionarios municipales bajo un prejuicio tan superficial como equivocado: asumir que todo aquel que no ostente un título profesional universitario está ocupando un cargo público de manera ilegal. Es común ver titulares alarmistas convirtiendo en «comidilla mediática» la designación de profesionales técnicos al frente de unidades operativas locales, acusando una supuesta vulneración a la Ley N° 31419 (Ley de Idoneidad). Sin embargo, el análisis riguroso del derecho administrativo nos demuestra todo lo contrario: estas designaciones no sólo cuentan con pleno amparo legal, sino que muchas veces responden a una urgente necesidad de eficiencia operativa.
Para entender el tema sin apasionamientos, hay que distinguir la arquitectura del Estado. La Ley N° 31419 y su Reglamento (modificado recientemente por la Ley N° 32507 y el D.S. N° 145-2025-PCM) establecieron vallas rígidas para garantizar la idoneidad en el acceso a la función pública. En la administración nacional (ministerios) o para el segundo nivel organizacional de los municipios (Gerentes Municipales y Gerentes de línea), la norma impone el título universitario y restringe la equivalencia del título técnico superior únicamente a cuatro áreas de soporte: comunicaciones, tecnologías de la información, atención al ciudadano y archivo.
Pero, ¿qué ocurre en el tercer nivel organizacional de las municipalidades distritales, es decir, en las Subgerencias y Jefaturas de Unidad?
Aquí es donde la opinión pública y algunos opinólogos suelen confundirse. El propio artículo 12.2 del Reglamento de la Ley de Idoneidad delimita que sus exigencias en gobiernos locales alcanzan únicamente hasta el segundo nivel organizacional. Al respecto, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), como ente rector del sistema de recursos humanos del Estado, ha zanjado la discusión a través del Informe Técnico N° 1133-2025-SERVIR-GPGSC. En este pronunciamiento vinculante, SERVIR ratifica que, por imperio del Principio de Legalidad, los requisitos mínimos y restricciones de la Ley N° 31419 no resultan exigibles a los directivos públicos (sean de confianza o no) del tercer nivel organizacional de las municipalidades distritales.
Esto no es nuevo ni aislado. Ya desde el Informe Técnico N° 2226-2022-SERVIR-GPGSC, a raíz de una consulta de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) sobre cómo evaluar a sus subgerentes y jefes de división (tercer y hasta cuarto nivel organizacional), el ente rector dejó claro que las reglas del reglamento nacional no atan de manos a los niveles inferiores de la estructura edil. En esa misma línea se pronunció para el caso de la Municipalidad Distrital de Sarayacu (Loreto) respecto a la jefatura de su unidad de tesorería, y bajo esa misma doctrina diversas comunas del país —como las municipalidades de Parcona en Ica o Florencia de Mora en La Libertad— han adecuado sus Manuales de Clasificador de Cargos (MCC) para regular con autonomía su tercera línea de mando.
¿Significa esto que un Titular de Entidad Local tiene «cheque en blanco» para nombrar a cualquier persona en una subgerencia? En lo absoluto. Lo que establece SERVIR es que cada municipalidad, en ejercicio de su autonomía y atendiendo a su realidad territorial, define los requisitos del tercer nivel en su propio Manual de Clasificador de Cargos (MCC) o Manual de Perfiles de Puestos (MPP).
Es aquí donde entra en juego un concepto moderno de gestión pública: la “meritocracia compensatoria”. Diversos municipios han optado acertadamente por permitir en sus MCC – Manual Clasificador de Cargo, que profesionales titulados de carreras técnicas superiores (de tres años) puedan asumir subgerencias operativas, pero exigiéndoles a cambio una cuota adicional de años de experiencia específica en el sector público para compensar el grado universitario. Asimismo, gracias a la reciente Ley N° 32507, estos cuadros técnicos pueden acreditar capacidad directiva validando su experiencia previa liderando equipos en el sector privado bajo la regla de conversión de dos años por uno (2×1), sumado al reconocimiento pleno de sus prácticas profesionales conforme a la Ley N° 31396.
Reflexionemos con pragmatismo: mientras que en un ministerio el tercer nivel suele ser de gabinete y diseño normativo, en un municipio distrital las subgerencias son la primera línea de batalla en el distrito o territorio. Pretender que solo un licenciado universitario pueda gestionar la operatividad del tercer nivel a exclusividad no muchas veces armoniza con la realidad de los hechos. Muchas veces, un profesional técnico titulado en administración, logística, mecánica u otros, está infinitamente más capacitado y preparado para resolver los problemas funcionales del distrito tan igual que un profesional universitario.
Por supuesto, la legalidad de estas designaciones exige rigor: la Oficina de Recursos Humanos está obligada a verificar que el profesional técnico cumpla estrictamente con los años de experiencia post-egreso y/o titulación que pide el MCC institucional, y que no registre impedimentos en el RNSSC, REDERECI, REDAM o en la Plataforma de Debida Diligencia.
No caigamos en el facilismo de satanizar al profesional técnico ni en la trampa del escándalo mediático sin sustento jurídico. Cuando una municipalidad designa en su tercer nivel organizacional a un técnico titulado que cumple con la experiencia pública compensatoria exigida por su propio clasificador de cargos, no está cometiendo ninguna ilegalidad; está aplicando la ley con criterio gerencial para poner al frente de los servicios públicos a quienes realmente conocen el terreno y cumplen con la cuota de experiencia que exige la norma.




