Por Pamela Latronico, Directora de Ventas para Sudamérica de AppGate
Cuando una persona en Lima, Arequipa o Trujillo recibe un mensaje que parece venir de su banco, de su operador móvil o de la tienda donde compra habitualmente, puede confiar en él porque reconoce el logo, el tono y hasta la forma de escribir. Si cae en el engaño, la pérdida económica puede ser apenas el comienzo de un daño mucho más difícil de reparar.
El Perú ha avanzado de forma notable en la digitalización de pagos, servicios y comercio, un proceso que descansa sobre la confianza de millones de personas que decidieron dejar el efectivo o la ventanilla para operar desde su teléfono, pero que también amplía la superficie que aprovechan los ciberdelincuentes. De hecho, el fraude cometido a través de dispositivos móviles encabezó las denuncias por delitos informáticos en el país durante 2025.
Las cifras regionales confirman la magnitud del fenómeno, pues según el informe Fraud Beat 2026 de AppGate, el phishing explicó el 73,2% de los incidentes de fraude registrados a nivel global en 2025, y en Latinoamérica estos ataques crecieron hasta 228% interanual en los diez países más afectados. En redes sociales, las estafas y la suplantación de identidad concentraron el 86% de las amenazas confirmadas.
Para la región andina, nuestro Centro de Operaciones de Seguridad identificó que el phishing representó el 70% de los incidentes detectados durante el primer semestre de 2025, con un aumento de 81% en el uso no autorizado de marcas para engañar a los usuarios.
Este último dato es el que más debería preocupar a los directorios, considerando que la suplantación de identidad tiene una particularidad: el delincuente no se presenta como un desconocido, sino como la empresa en la que el cliente ya confía. Desde la perspectiva del usuario, por tanto, no fue un tercero quien lo estafó, sino la propia marca, lo que puede llevarlo a dejar de usar el canal digital, volver a la agencia, cambiar de proveedor o, simplemente, compartir su experiencia con su entorno.
Ese es el costo que no aparece en el monto defraudado. De acuerdo con datos de Alloy recogidos en el Fraud Beat 2026, cada dólar perdido por fraude termina costándole a una organización 5,16 dólares al sumar investigación, recuperación, carga operativa, daño reputacional y abandono de clientes. Dicho de otro modo, la mayor parte del impacto se diluye en partidas que rara vez se atribuyen al fraude, pero que erosionan el crecimiento.
Aunque la banca suele ser el blanco más visible, con el 35,5% de las amenazas detectadas en redes sociales, el riesgo alcanza a cualquier empresa con una marca reconocida y una base de clientes, incluidos retailers, aseguradoras, aerolíneas, empresas de telecomunicaciones, comercio electrónico y servicios. También se extiende a sus propios ejecutivos, cuya identidad puede ser utilizada para cometer fraudes mediante el compromiso de correo corporativo, una modalidad que creció 136% trimestre contra trimestre hacia finales de 2025, con montos solicitados que, en promedio, superaron los 50.000 dólares por intento.
Por eso, la prevención del fraude debe trascender el cumplimiento normativo y asumirse como una decisión estratégica de negocio, una visión que cobra fuerza al considerar que, según el mismo informe, el 92% de los tomadores de decisión encuestados afirma que sus esfuerzos de prevención han contribuido directamente al crecimiento de su negocio.
Para las empresas peruanas, este cambio de enfoque implica tres acciones fundamentales. La primera consiste en mirar fuera del perímetro mediante el monitoreo continuo de dominios que imitan al oficial, perfiles y aplicaciones falsas, anuncios fraudulentos y suplantaciones de voceros, además de medir cuánto tiempo permanece activa cada amenaza hasta su retiro. La segunda es aplicar controles basados en riesgo, como la autenticación adaptativa, que añaden fricción solo en los momentos críticos sin perjudicar la experiencia de los usuarios legítimos. La tercera implica fortalecer la coordinación interna, considerando que la prevención del fraude no puede seguir fragmentada entre áreas que trabajan de manera aislada, sino que requiere que seguridad, riesgo, marketing, legal y atención al cliente compartan información y respondan como un solo equipo.
En este camino, el ecosistema también desempeña un papel fundamental, especialmente cuando las organizaciones cuentan con aliados locales capaces de acompañar la implementación y adaptar las capacidades tecnológicas a las necesidades de cada sector. Esta colaboración contribuye a construir una prevención efectiva, entendida no como un producto aislado, sino como una capacidad permanente de la organización.
El Perú ya demostró su capacidad para incorporar a millones de personas a la economía digital, pero consolidar ese avance exige que las empresas asuman la prevención del fraude como una responsabilidad que trasciende la seguridad tecnológica. En los próximos años, su capacidad para anticiparse a las amenazas será determinante para preservar la confianza que hizo posible esa transformación.
