La propuesta del Ejecutivo busca incentivar contratos de explotación por al menos tres años, modificar responsabilidades y establecer un nuevo régimen de formalización minera desde 2027.
El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, informó que aproximadamente el 70% de las concesiones mineras de terceros donde operan mineros informales corresponde a pequeños productores mineros. La situación es uno de los puntos que el Ejecutivo busca abordar mediante el proyecto de Ley MAPE, que plantea nuevos incentivos para facilitar acuerdos de explotación y avanzar en la formalización minera.
Durante su presentación ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, el titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) explicó que una de las principales barreras para formalizar estas actividades es la dificultad para que los titulares de las concesiones y los mineros que operan en ellas suscriban contratos de explotación.
En ese contexto, sostuvo que la Ley MAPE incorpora mecanismos para incentivar a los concesionarios a permitir actividades mineras a pequeña escala mediante acuerdos formales, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la normativa.
“El 70% en donde están los mineros informales en concesiones de terceros, 70% más o menos corresponden a concesiones de pequeños productores mineros”, manifestó Shinno durante la sustentación de la iniciativa.
El ministro precisó que algunos titulares no desarrollan actividades en sus concesiones, pese a que estas son ocupadas por mineros que buscan regularizar su situación. Por ello, planteó la necesidad de promover acuerdos que permitan superar esta barrera.
“O la trabajas, o por lo menos permites este convenio de explotación”, expresó.
Ley MAPE propone contratos de explotación por un mínimo de tres años
Uno de los mecanismos planteados por el Ejecutivo consiste en otorgar beneficios a los titulares de concesiones mineras que suscriban contratos de explotación con una duración mínima de tres años.
Según explicó Shinno, los concesionarios que celebren estos acuerdos podrían pagar el derecho de vigencia de sus concesiones bajo las condiciones aplicables a un pequeño productor minero.
Asimismo, aquellos titulares que actualmente estén sujetos al pago de penalidades quedarían exceptuados de estas obligaciones al suscribir el correspondiente convenio de explotación, de acuerdo con la propuesta.
El ministro señaló que estos incentivos buscan aumentar la participación de los concesionarios en el proceso de formalización, considerando que la falta de contratos constituye uno de los principales obstáculos para los mineros informales.
La iniciativa también plantea modificar la responsabilidad administrativa por las actividades desarrolladas dentro de las concesiones. Según Shinno, algunos titulares evitan suscribir convenios porque continúan asumiendo responsabilidades por las operaciones de terceros, particularmente en materia ambiental y de seguridad.
Para abordar este problema, el proyecto propone que, cuando exista un contrato de explotación, la responsabilidad por las actividades mineras recaiga exclusivamente en el minero que ejecuta las operaciones, dentro del ámbito correspondiente.
De esta manera, el Ejecutivo busca reducir los factores que desincentivan la firma de acuerdos entre los titulares de concesiones y los pequeños mineros.
No obstante, Shinno aclaró que la propuesta contempla mecanismos de protección para los grandes proyectos mineros y sus áreas de expansión, donde no se permitiría la formalización de terceros que comprometa dichas operaciones.
Formalización minera contempla derechos preferentes y nuevos plazos
Otro componente de la Ley MAPE es el establecimiento de un derecho de preferencia para los mineros que se encuentren en proceso de formalización y desarrollen actividades en concesiones que posteriormente se extingan o sean abandonadas por sus titulares.
Shinno explicó que la iniciativa busca evitar que estas áreas vuelvan a ponerse a disposición de nuevos terceros sin considerar a los mineros que ya trabajan en ellas. En esos casos, los trabajadores podrían acceder preferentemente a las concesiones, bajo las condiciones que establezca el nuevo marco legal.
El proyecto también busca establecer reglas permanentes para la pequeña minería y la minería artesanal, frente a la dispersión normativa que ha caracterizado al proceso de formalización iniciado en 2012.
En esa línea, el Ejecutivo propone que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) concluya el 31 de diciembre de 2026. Los mineros que mantengan su inscripción vigente hasta esa fecha podrían incorporarse a un nuevo régimen de consolidación.
Este régimen comenzaría el 1 de enero de 2027 y tendría una duración de 18 meses, hasta el 30 de junio de 2028. Durante ese periodo, se buscaría completar los procedimientos de formalización mediante requisitos simplificados.
Formape asumiría funciones para acelerar la formalización
Como parte de la reforma, la Ley MAPE contempla la creación del Organismo Técnico Especializado de Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Formape), entidad adscrita al Ministerio de Energía y Minas.
El organismo tendría entre sus funciones administrar sistemas de información y trazabilidad, evaluar instrumentos de gestión ambiental y otorgar autorizaciones para el inicio o reinicio de actividades mineras a pequeña escala.
De acuerdo con Shinno, el Formape asumiría temporalmente determinadas funciones relacionadas con la pequeña minería y la minería artesanal durante cinco años, con el objetivo de fortalecer y estandarizar los procedimientos.
Mientras la entidad no entre en funcionamiento, el MINEM se encargaría de conducir el régimen de consolidación. Además, el proyecto contempla que el Ejecutivo presente, dentro de un plazo de 120 días, una propuesta legislativa sobre la organización y las funciones del Formape.
En materia de supervisión, Shinno anunció que se plantea fortalecer el control de las plantas de beneficio con capacidades de procesamiento de entre 25 y 350 toneladas diarias, mediante la intervención de organismos como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).
El objetivo es reforzar la trazabilidad del mineral, identificar su procedencia y mejorar el control de los insumos utilizados en las operaciones.
La propuesta también considera la participación del Banco de la Nación para facilitar la apertura de cuentas a mineros informales y registrar las transacciones financieras vinculadas a la comercialización de minerales.
En conjunto, la iniciativa busca combinar incentivos para la firma de contratos de explotación, cambios en las responsabilidades de los operadores y mayores mecanismos de supervisión. Con estas medidas, el Ejecutivo pretende establecer nuevas condiciones para avanzar en la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal.
