El gremio empresarial plantea incorporar operadores especializados y tecnología de inspección en los establecimientos penitenciarios para impedir el ingreso de celulares, armas y otros objetos prohibidos.
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) respaldó la intervención y el retiro de antenas clandestinas y estaciones ilegales de telecomunicaciones ubicadas en los alrededores de establecimientos penitenciarios, que permiten comunicaciones no autorizadas desde el interior de las cárceles.
El gremio reconoció la decisión del Gobierno de Keiko Fujimori como parte de las acciones contra la criminalidad organizada y sostuvo que los penales no deben funcionar como centros de operación para organizaciones dedicadas a la extorsión y otras actividades delictivas.
CCL propone privatizar controles en los penales
Como medida complementaria, la CCL propuso evaluar la privatización de los servicios de control de ingreso y salida de personas y bienes en los establecimientos penitenciarios. La propuesta contempla la participación de operadores especializados, el uso de tecnología de inspección y la supervisión permanente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Según el gremio, este esquema permitiría reforzar la seguridad y prevenir el ingreso de celulares, armas y otros objetos prohibidos que todavía se encuentran durante las requisas.
La propuesta busca reforzar los controles en los accesos a los penales, además de las intervenciones contra los sistemas de telecomunicaciones clandestinos instalados en sus alrededores.
Extorsión afecta a empresas y emprendedores
La CCL advirtió que la extorsión y el crimen organizado afectan tanto a las familias como a comerciantes, emprendedores, transportistas y empresarios. Estas actividades delictivas ponen en riesgo los negocios, el empleo y las oportunidades de crecimiento económico.
El gremio señaló que las acciones contra las comunicaciones ilegales deben mantenerse y profundizarse para limitar las operaciones de las organizaciones criminales desde los centros penitenciarios.
Asimismo, consideró necesario fortalecer la autoridad del Estado y evitar que las cárceles sean utilizadas para coordinar actividades delictivas. La CCL sostuvo que la recuperación de la seguridad requiere medidas sostenidas contra las distintas vías que facilitan la actividad criminal.
