La SNI, la Cámara de Comercio de Lima, Cultivida y otras instituciones agrupadas en la Alianza Agraria por la Inocuidad solicitan medidas urgentes para proteger la producción agrícola y acelerar la reevaluación de los productos suspendidos.
La suspensión por 90 días de determinados plaguicidas agrícolas limitaría el control de unas 80 plagas que afectan a la producción de alimentos vegetales para consumo interno, según advirtió la Alianza Agraria por la Inocuidad. De acuerdo con información del Sistema Integrado de Gestión de Insumos Agropecuarios del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SIGIA-Senasa), citada por la organización, la medida comprometería la protección de 52 cultivos de frutas y hortalizas.
En un comunicado, la alianza señaló que la suspensión de la comercialización y el uso de estos productos responde a las disposiciones adoptadas por el Senasa en cumplimiento de la Sentencia 1111/2026-TC. Entre los cultivos que podrían verse afectados figuran el arroz, el maíz, la papa, el tomate, el ají amarillo, la mandarina y la manzana. El documento también menciona productos derivados, como el azúcar y el aceite.
Plaguicidas y riesgos para la agricultura familiar ante El Niño
La organización advirtió que los posibles efectos del fenómeno El Niño podrían agravar el escenario. Según el comunicado, el aumento de las temperaturas incrementaría la presión de plagas, enfermedades y malezas, lo que dificultaría la protección de los cultivos durante el periodo de suspensión.
La menor disponibilidad de alternativas para controlar estas amenazas podría reducir la productividad y ocasionar pérdidas económicas, especialmente entre los agricultores familiares. La alianza también alertó sobre las posibles consecuencias para la seguridad alimentaria del país, debido a la importancia de los cultivos mencionados en la producción agrícola nacional.
El comunicado no cuantifica las pérdidas económicas potenciales ni estima cuánto podría disminuir la producción de cada cultivo. Sin embargo, la organización considera necesario adoptar medidas durante el periodo de suspensión para evitar que las dificultades en el control de plagas perjudiquen a los productores.
Alianza cuestiona los fundamentos técnicos de la medida
La Alianza Agraria por la Inocuidad también expresó cuestionamientos sobre los fundamentos de la decisión judicial. Según su posición, la sentencia no habría incorporado evidencia científica actualizada sobre los productos suspendidos. Asimismo, sostuvo que la aplicación del principio precautorio excedería los criterios internacionales de razonabilidad, proporcionalidad y debida motivación.
Estas afirmaciones corresponden a los argumentos expuestos por la organización en su comunicado.
¿Qué medidas solicita la Alianza Agraria por la Inocuidad?
Ante esta situación, la alianza pidió a la jefatura nacional del Senasa coordinar acciones con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), la Defensoría del Pueblo, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) y otras autoridades competentes.
Entre sus principales solicitudes figura establecer medidas eficaces para proteger los cultivos durante el periodo de suspensión, considerando los posibles efectos del fenómeno El Niño y las necesidades de la agricultura familiar.
También pidió culminar en el menor tiempo posible la reevaluación de las sustancias suspendidas, mediante criterios técnico-científicos y evidencia objetiva y actualizada sobre sus riesgos. A ello se suma la elaboración de un plan interinstitucional para asegurar la inocuidad alimentaria, conforme a lo establecido en la sentencia.
Otro de los puntos planteados es fortalecer la vigilancia y el control de la comercialización y el uso de plaguicidas suspendidos, con el objetivo de evitar el ingreso de productos sin registro, así como prevenir el contrabando y la adulteración.
Finalmente, la Alianza Agraria por la Inocuidad reafirmó su compromiso con el cumplimiento de las normas y expresó su disposición a contribuir técnicamente durante el proceso. La organización señaló que el fortalecimiento de los mecanismos de control de plagas debe contribuir a proteger los cultivos y garantizar la inocuidad de los alimentos destinados a la población.
