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lunes, octubre 19, 2026
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Minería ilegal consume hasta ocho veces más combustible que el promedio en Madre de Dios

Minería ilegal y abastecimiento de combustibles en Madre de Dios.

El Colectivo País Seguro alertó sobre las rutas de contrabando de combustibles y mercurio que abastecen esta actividad, mientras la Fiscalía obtuvo una condena por transporte ilícito de insumos en Loreto.

La minería ilegal depende de una cadena de abastecimiento que permite mantener en funcionamiento la maquinaria utilizada para extraer minerales. En Madre de Dios, el consumo de combustible llegó a ser ocho veces superior al promedio nacional, según el Colectivo País Seguro (PAS), que advirtió sobre el tráfico ilícito de estos insumos como uno de los principales soportes logísticos de esta actividad.

La organización planteó la necesidad de reforzar los controles sobre la comercialización y el transporte de combustibles destinados a zonas donde operan redes de minería ilegal, con el objetivo de interrumpir el suministro que sostiene sus operaciones.

Minería ilegal moviliza combustibles por rutas de contrabando

De acuerdo con el Colectivo PAS, una sola draga que opera en los ríos amazónicos puede consumir hasta 250 galones de diésel por semana. Esta demanda refleja la necesidad constante de combustible para mantener en funcionamiento los equipos y la maquinaria pesada empleados en la extracción ilegal.

La organización también alertó sobre la existencia de más de 14 rutas terrestres y fluviales de contrabando utilizadas para desviar combustibles desde regiones vecinas y países fronterizos hacia zonas de minería ilegal, entre ellas La Pampa, en Madre de Dios.

El abastecimiento representa un desafío para las autoridades, debido a la necesidad de identificar no solo los puntos de extracción, sino también las redes que transportan y distribuyen los insumos utilizados en estas actividades.

Mercurio y Reinfo, entre las alertas del Colectivo PAS

El colectivo advirtió que el uso de mercurio continúa en aumento, especialmente en Madre de Dios y Puno. Según la organización, este insumo ingresaría principalmente de contrabando desde Bolivia, país cuyas importaciones de mercurio habrían aumentado significativamente.

Otro mecanismo señalado es el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). El Colectivo PAS denunció que organizaciones criminales recurren a este registro para justificar el transporte de combustibles e insumos destinados a actividades ilegales.

Ante esta situación, la organización sostuvo que las acciones de interdicción deben ir más allá de la destrucción de maquinaria y concentrarse también en interrumpir el suministro de combustibles y productos químicos que permiten sostener las operaciones.

Fiscalía obtiene condena por transporte ilegal de combustible

En un caso relacionado con el abastecimiento de insumos destinados a la minería ilegal, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Nauta obtuvo una sentencia de cinco años de prisión suspendida contra Manuel Castillo, hallado responsable del delito de tráfico ilícito de insumos.

Según el Ministerio Público, Castillo fue intervenido el 21 de junio de 2026 cerca del río Tigre, en Loreto, cuando transportaba combustible a bordo de la embarcación fluvial BIP BIP, con destino a la localidad de Intuto.

La intervención estuvo a cargo de personal de la Marina de Guerra del Perú. Durante el operativo se incautaron 2.000 galones de combustible que no contaban con facturas, guías de remisión ni permisos legales, además de motores diésel, motobombas, un grupo electrógeno, baterías industriales, una escopeta y otros implementos presuntamente vinculados con la minería ilegal.

El Ministerio Público también informó que la embarcación transportaba gasolina y diésel, y que la operación comprendía un total de 5.000 galones de combustible.

Tras acogerse a la terminación anticipada, Castillo aceptó su responsabilidad penal y recibió una condena de cinco años de prisión suspendida, además del pago de S/9.000 por concepto de reparación civil a favor del Estado.

El caso evidencia la importancia de fiscalizar el transporte de combustibles e insumos en zonas donde operan redes de minería ilegal, junto con las acciones dirigidas directamente contra la extracción ilícita de minerales.