La Cámara de Comercio de Panamá advierte que el costo se extendería por 17 a 19 años, mientras el país enfrenta reclamaciones arbitrales por al menos US$27.000 millones.
El cierre de Donoso podría costarle al Estado panameño entre US$2.600 millones y US$3.400 millones durante un periodo de 17 a 19 años, según una estimación difundida por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá luego de conocer el informe final de la Comisión Interministerial que analizó el futuro del sitio minero.
A esta cifra se suman reclamaciones arbitrales por al menos US$27.000 millones contra Panamá, que todavía no han sido reconocidas ni adjudicadas. La Cámara remarcó que estos montos no determinan por sí mismos el camino que deberá seguir el país, pero sí permiten anticipar las posibles consecuencias de las distintas alternativas sobre las finanzas públicas.
El informe fue entregado al presidente de la República el 30 de septiembre, después de casi tres años de incertidumbre sobre el destino del sitio minero. Su principal recomendación plantea evaluar un acuerdo que permita resolver los arbitrajes pendientes y habilitar una puesta en marcha orientada hacia un cierre ordenado.
Según el documento, este cierre debería ser autofinanciado, sin prórroga y conforme al fallo de la Corte Suprema de Justicia. La propuesta no supone regresar al esquema operativo anterior, pero tampoco deja de considerar las implicaciones ambientales, económicas, sociales y jurídicas de mantener el sitio indefinidamente en su situación actual.
Cierre de Donoso y los costos para las finanzas públicas
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá consideró que la recomendación de la comisión constituye una ruta que debe ser evaluada antes de que el país adopte una decisión definitiva.
El gremio señaló que, si los costos del cierre terminan recayendo sobre el Estado, se comprometerían recursos que también deberían destinarse a educación, salud e infraestructura.
La institución identificó beneficios concretos en la alternativa planteada, entre ellos evitar que el cierre afecte las finanzas públicas, atender los arbitrajes en curso y ordenar la transición del sitio. Sin embargo, también advirtió que existen riesgos y aspectos pendientes que requieren atención.
Entre ellos mencionó la necesidad de contar con una base jurídica sólida, establecer una fecha definitiva para el cierre, asegurar recursos protegidos para esa etapa y garantizar una fiscalización rigurosa e independiente.
El propio informe mantiene sin resolver varios puntos. Entre ellos figuran la figura jurídica que adoptaría el eventual acuerdo y su compatibilidad con el fallo judicial y con la Ley 407. También deberán definirse el régimen fiscal y el nivel de participación del Estado en una eventual operación.
A ello se suman el alcance de cualquier operación futura, la fecha y las garantías del cierre y los términos para la terminación de los arbitrajes. La fiscalización ambiental, la transparencia y la rendición de cuentas también forman parte de los asuntos pendientes.
Comunidades y empresas también están en la discusión
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá pidió además garantizar oportunidades concretas para las comunidades directamente afectadas por la actividad minera, los trabajadores y las empresas panameñas.
El gremio planteó también fortalecer las capacidades de los municipios de la zona, como parte de las medidas que deberían acompañar el proceso.
Para la institución, la transparencia no debe limitarse a una etapa específica. Su aplicación debe mantenerse desde una eventual negociación hasta la publicación de sus términos, la fiscalización posterior y el cumplimiento de cada etapa del proceso.
La Cámara reafirmó como principios para la decisión que se adopte el respeto al fallo y al ordenamiento jurídico, una protección ambiental rigurosa y verificable, un cierre sin costo para el Estado ni para los panameños, metas claras y prioridad para las comunidades, trabajadores y empresas panameñas directamente afectadas.
Finalmente, el gremio hizo un llamado a la fiscalización ciudadana del proceso y sostuvo que la decisión sobre Donoso debe ser jurídicamente sólida, ambientalmente responsable y económicamente sostenible, con capacidad para generar confianza y proteger los intereses de Panamá.
