La Cámara de Comercio de Lima cuestionó la denuncia constitucional contra Josué Gutiérrez y pidió que el control político respete el debido proceso y la independencia de los organismos constitucionales.
La Cámara de Comercio de Lima expresó su preocupación por la denuncia constitucional presentada por la senadora Mirtha Vásquez Chuquilín contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, mediante la cual se solicita su destitución e inhabilitación para ejercer la función pública hasta por diez años.
La CCL sostuvo que es indispensable preservar la autonomía e independencia de la Defensoría del Pueblo, organismo encargado de defender los derechos fundamentales, supervisar la actuación del Estado y contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
Gremio cuestiona cuestionamientos sobre extinción de dominio
Uno de los aspectos que genera preocupación para la CCL está relacionado con los cuestionamientos a la actuación de la Defensoría frente al régimen de extinción de dominio. El gremio señaló que la demanda de inconstitucionalidad contra dicho régimen fue posteriormente declarada fundada en parte por el Tribunal Constitucional.
En ese sentido, la Cámara de Comercio de Lima afirmó que la lucha contra la criminalidad y la corrupción debe realizarse respetando la Constitución, la seguridad jurídica, el derecho de propiedad y el debido proceso.
CCL destaca labor frente a la inseguridad
La CCL también reconoció las acciones desarrolladas por la Defensoría del Pueblo frente a la extorsión, la criminalidad organizada y la crisis de seguridad ciudadana.
Según el gremio empresarial, estas labores incluyen acciones de supervisión, investigación y articulación institucional en defensa de ciudadanos, transportistas, empresarios y emprendedores.
Piden evaluar denuncia con proporcionalidad
La Cámara de Comercio de Lima consideró que una denuncia constitucional de esta magnitud debe ser evaluada con objetividad, responsabilidad y proporcionalidad, evitando que el control político se convierta en un mecanismo de presión o inhibición para el ejercicio de funciones constitucionales.
El gremio señaló que respeta las atribuciones del Congreso de la República, pero sostuvo que estas deben ejercerse con respeto al debido proceso, la autonomía de los organismos constitucionales y el normal funcionamiento de las instituciones.
Finalmente, la CCL reafirmó su compromiso con la institucionalidad democrática, la seguridad jurídica, la independencia de los organismos constitucionales y la lucha contra la corrupción, la extorsión y el crimen organizado.
