El 17 de agosto vence el plazo establecido por la gestión anterior de la OECE para cumplir requisitos denunciados ante Indecopi como barreras burocráticas ilegales. La CCL invoca a las actuales autoridades a revisar estas disposiciones y evitar la exclusión de centros de arbitraje del REGAJU.
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) invoca a la actual gestión del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) a revisar y corregir las disposiciones aprobadas por la administración anterior que podrían ocasionar la exclusión de diversos centros de arbitraje del Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (REGAJU).
La CCL considera que estas disposiciones contienen barreras burocráticas ilegales, razón por la cual presentó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) una denuncia y una solicitud de medida cautelar para evitar los perjuicios derivados de su aplicación.
Entre las exigencias cuestionadas figuran requisitos relacionados con licencias municipales, vinculaciones con empresas privadas, acreditaciones académicas de secretarios arbitrales y plataformas informáticas, que no guardan relación directa con la calidad, experiencia, integridad ni transparencia de las instituciones arbitrales.
La situación requiere especial atención: el próximo 17 de agosto vence el plazo de adecuación establecido por la gestión anterior y, de mantenerse estas disposiciones, podría iniciarse la exclusión del REGAJU de instituciones que no cumplan dichos requisitos. Ello reduciría las alternativas para administrar arbitrajes en contratación pública y podría generar perjuicios de difícil reparación e incertidumbre jurídica.
La CCL precisa que esta problemática tiene su origen en decisiones adoptadas por la anterior gestión del OECE. Por ello, invoca a la actual conducción a revisar oportunamente estas medidas y evitar que sus efectos se materialicen.
Sin perjuicio del procedimiento iniciado ante Indecopi, el propio OECE puede revisar y corregir administrativamente las disposiciones heredadas, dentro del marco de sus competencias, sin necesidad de esperar el resultado de dicho procedimiento.
A pocos días del vencimiento del plazo, la CCL invoca a la actual gestión a adoptar oportunamente las medidas correctivas que correspondan, preservando la seguridad jurídica, la competencia y la continuidad de un sistema arbitral transparente y eficiente.
