El Colegio de Economistas de Lima prepara una demanda ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Pensión Digna, mientras el MEF plantea negociar una alternativa con los docentes.
El Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, busca evitar la aplicación de la Ley de Pensión Digna, que establece una pensión de S/3.500,70 para maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial.
El titular del MEF, Elmer Cuba, señaló que esta norma se encuentra entre las leyes aprobadas por el Congreso anterior que generan una elevada presión sobre las finanzas públicas. Ante este escenario, el Colegio de Economistas de Lima, CEL, prepara una demanda de inconstitucionalidad contra la norma.
El presidente del CEL, José Manuel Mesía Herrera, confirmó que ya firmó la demanda y estimó que será presentada ante el Tribunal Constitucional en los próximos días.
¿Qué establece la Ley de Pensión Digna?
La norma establece que la pensión de los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial sea equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual, RIM, correspondiente a la primera escala magisterial.
Actualmente, este monto asciende a S/3.500,70 mensuales.
La medida alcanza a docentes jubilados y cesantes de la educación básica regular, educación básica alternativa, educación básica especial y educación técnico productiva.
La norma también contempla a maestros afiliados al Sistema Privado de Pensiones, pese a las diferencias entre este sistema y la fijación de un monto pensionario determinado por ley.
MEF plantea un aumento alternativo
Mientras se busca cuestionar la norma ante el Tribunal Constitucional, el MEF plantea una alternativa para los docentes.
Elmer Cuba señaló que el Gobierno reconoce que las pensiones actuales de los maestros son bajas, pero considera que el monto establecido por la ley representa un costo elevado para el Estado.
Por ello, el Ministerio de Economía y Finanzas buscaría negociar con el sector docente un incremento menor, que no alcance los S/3.500,70 establecidos en la Ley de Pensión Digna.
De esta manera, el Ejecutivo plantea una salida que combine el cuestionamiento constitucional de la norma con una eventual mejora de las pensiones de los maestros, aunque por un monto inferior al previsto actualmente.
