El gremio minero alerta que el nuevo dictamen afectaría la competitividad del Perú, limitaría la inversión privada y reduciría los ingresos fiscales que sostienen a las regiones.
El presidente del comité sectorial minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Gonzalo Quijandría, advirtió en entrevista con Rumbo Minero TV que el dictamen que propone modificar el régimen de concesiones mineras representa una amenaza directa para el desarrollo del sector, al afectar la inversión, la generación de empleo y el canon que reciben las regiones.
El ejecutivo fue enfático al señalar que esta iniciativa tendría un impacto estructural en la economía regional. “Este proyecto dictamen de concesiones acaba con el canon futuro, definitivamente”, afirmó, al referirse a la reducción del flujo de ingresos que actualmente provienen de la actividad minera formal.
Impacto directo en la inversión minera
Según explicó, la propuesta impediría el desarrollo de la cartera de inversión minera estimada en US$ 63,000 millones, lo que limitaría la generación de nuevos proyectos y, por ende, de ingresos fiscales. En el corto plazo, esto significaría una paralización de inversiones estratégicas para el país.
Además, advirtió que, a medida que se agoten las reservas de las operaciones actuales y no se activen nuevos proyectos, el canon y los impuestos que financian a las regiones comenzarían a reducirse progresivamente, afectando directamente su sostenibilidad económica.
Incertidumbre regulatoria y pérdida de competitividad
Quijandría subrayó que la incertidumbre generada por cambios en las reglas de juego desincentivaría la llegada de nuevos capitales. “No va a haber nueva inversión porque no puedes invertir si sabes que no puedes sacar los permisos”, sostuvo.
En ese contexto, señaló que el Perú compite directamente con Chile y Argentina en la atracción de inversión minera, países que actualmente ofrecen mayor estabilidad jurídica y condiciones más favorables para el desarrollo de proyectos.
Tramitología y estabilidad: factores críticos
El representante de la SNMPE remarcó la necesidad de simplificar los procesos administrativos para mejorar la competitividad del país. “Necesitamos lógica en los trámites (…) no caer en una telaraña que impide seguir avanzando”, indicó.
Asimismo, destacó que el actual régimen minero, vigente por más de tres décadas, ha sido clave para atraer inversiones de gran escala y posicionar al Perú como uno de los principales destinos mineros de la región.
Riesgo de expansión de la minería ilegal
Uno de los principales riesgos advertidos por el ejecutivo es el posible fortalecimiento de la minería ilegal. Según explicó, si los proyectos formales enfrentan mayores barreras regulatorias, solo podrán operar aquellos que no cumplen con las normas.
“Solamente lo van a poder hacer minería aquellos que no tienen que sacar ningún permiso (…) los ilegales”, sostuvo, alertando sobre un posible efecto contrario al objetivo de regulación.
Impacto en empleo y economías regionales
El sector minero formal emplea actualmente a más de 250,000 trabajadores en planilla, además de generar miles de empleos indirectos a través de su cadena de proveedores. Este impacto se extiende a regiones clave como Apurímac, donde el canon minero puede representar hasta el 70% de los ingresos públicos.
En ese sentido, cualquier medida que afecte la inversión minera tendría consecuencias directas en el empleo, el desarrollo regional y la sostenibilidad fiscal de varias zonas del país.
