La salida de Hugo Obando se produce tras denuncias por presuntas irregularidades administrativas y en plena controversia por el incremento tarifario de hasta 14,5% planteado por SUNASS, que empezará a aplicarse desde junio de 2026.
En medio de un escenario de alta presión política y social, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) decidió remover a Hugo Fernando Obando Concha de la presidencia del directorio de Sedapal, tras el retiro de confianza del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). La decisión ocurre cuando la empresa enfrenta cuestionamientos sobre su gestión interna y su situación financiera.
“Planillas doradas” y asesores sin contrato
La salida del funcionario se da luego de denuncias periodísticas sobre la presencia de asesores sin vínculo laboral formal y la emisión posterior de órdenes de servicio por S/ 20.000. A ello se suman informes que señalan elevados sueldos, bonos e incentivos para altos cargos, pese a que la administración sostiene que la empresa atraviesa dificultades económicas.
El MVCS también advirtió cambios en jefaturas que no habrían respetado perfiles técnicos ni procedimientos establecidos.
Debate por utilidades y estudio tarifario
La crisis se agrava por el reajuste tarifario propuesto por la SUNASS, que contempla un incremento promedio de 14,5%. Mientras el regulador sostiene que Sedapal registró utilidades por S/ 777 millones en 2024, la empresa afirma que sus estados financieros están en déficit y cuestiona el estudio tarifario por presuntos errores técnicos que alcanzarían los S/ 1.500 millones.
La inasistencia de Obando a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso intensificó la tensión política en torno al caso.
Incremento gradual desde junio
El Ministerio de Vivienda confirmó que el aumento tarifario, aunque vigente normativamente, será aplicado de manera progresiva desde fines de junio de 2026. El alza podría llegar hasta 12% en hogares y 20% en comercios, pero será fraccionada. El Congreso ha condicionado su respaldo a que los ingresos adicionales, estimados en S/ 400 millones anuales, se destinen exclusivamente a infraestructura y no a gastos administrativos.
