Respaldó la acción de inconstitucionalidad contra el DU 010 2025, mientras crece el debate político y económico sobre el futuro de la petrolera estatal.
El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, firmó en Piura el planillón que respalda la demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto de Urgencia 010-2025, norma emitida por el gobierno transitorio de José Jerí que, según sus críticos, abre el camino a una eventual privatización de Petroperú.
La iniciativa es promovida por la Coalición de Sindicatos de Petroperú, que viene recolectando firmas para presentar la acción ante el Tribunal Constitucional. De acuerdo con el artículo 203 de la Constitución, se requieren al menos 5000 firmas válidas para interponer la demanda, aunque los impulsores buscan duplicar esa cifra ante posibles observaciones en el proceso de verificación.
Cuestionamientos constitucionales y técnicos
Diversas instituciones profesionales han expresado reparos frente al decreto. El Colegio de Abogados de Lima sostuvo que la norma carece de sustento constitucional y legal al no haberse acreditado una situación extraordinaria e imprevisible que justifique su emisión vía decreto de urgencia. En tanto, el Colegio de Ingenieros del Perú cuestionó la participación de Proinversión en un proceso que, según señaló, requiere conocimientos especializados en refinación, ingeniería, gestión de riesgos y seguridad industrial.
Con su firma, López Chau se convierte en el primer candidato presidencial en formalizar públicamente su respaldo a la demanda ante el TC. Desde su partido sostienen que el decreto implica una privatización encubierta y que su derogatoria busca preservar la soberanía energética.
Reestructuración y debate parlamentario
La candidata al Senado por Ahora Nación, Mirtha Vásquez, indicó que si bien existe consenso en la necesidad de reestructurar Petroperú, una decisión de esa magnitud debería debatirse en el Congreso y no adoptarse de forma unilateral. En su opinión, cualquier cambio estructural debe analizarse en el Parlamento, considerando su impacto económico y territorial.
Vásquez advirtió que regiones como Tumbes, Piura, Ucayali y Madre de Dios dependen en gran medida del abastecimiento que realiza Petroperú, donde la empresa mantiene una participación superior al 80 %. Un eventual retiro o debilitamiento de la estatal podría afectar la cadena de pagos y presionar al alza los precios de combustibles en el corto y mediano plazo.
En esa línea, el expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez, sostuvo que una interrupción del suministro en zonas como Loreto podría generar problemas en la generación eléctrica, con efectos inflacionarios y sociales.
Riesgo político y señal al mercado
El debate se produce en un contexto de fragilidad financiera de la empresa estatal y de discusión sobre su viabilidad de largo plazo. Mientras algunos sectores plantean la necesidad de atraer capital privado para fortalecer su sostenibilidad, otros advierten que una privatización acelerada podría comprometer la seguridad energética en regiones donde la presencia privada es limitada.
Desde una perspectiva de mercado, el proceso ante el Tribunal Constitucional podría introducir un nuevo factor de incertidumbre regulatoria en el sector hidrocarburos, especialmente si se cuestiona la vía del decreto de urgencia como mecanismo para adoptar decisiones estructurales en empresas estratégicas.
La decisión final del TC no solo tendrá implicancias legales, sino también efectos sobre la percepción de riesgo país, la política energética y la estrategia de financiamiento de Petroperú en los próximos años.
