CSPCP sostiene que el control estatal se mantiene a través de otras entidades y que recurrió al Poder Judicial para resguardar la estabilidad jurídica de su inversión.
Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. (CSPCP), operadora del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, emitió un comunicado en el que fija posición tras la acción de amparo que le fue otorgada en relación con el alcance de las funciones de OSITRÁN en el proyecto portuario.
La empresa señaló que el terminal es una infraestructura privada que impulsa el comercio y la productividad del país, contribuyendo al crecimiento del mercado, la generación de empleo y el desarrollo logístico. En ese contexto, precisó que su naturaleza privada no implica afectación alguna a la soberanía nacional ni supone extraterritorialidad política, administrativa, tributaria o regulatoria.
Alcances del control estatal
CSPCP afirmó que las autoridades peruanas mantienen plenamente sus atribuciones de control y supervisión a través de diversas entidades públicas con presencia en el puerto. Entre ellas mencionó a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la Autoridad Portuaria Nacional, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, Migraciones, la Dirección Antidrogas, la Policía Fiscal y Ambiental, autoridades sanitarias y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.
Según el comunicado, la Ley del Sistema Portuario Nacional establece el marco de competencias para el control y supervisión portuaria, asignando a OSITRÁN la supervisión del cumplimiento de contratos de concesión y la regulación tarifaria en mercados donde no existe libre competencia portuaria de uso público.
La compañía indicó que OSITRÁN ha sostenido que también le corresponde la defensa de los intereses de los usuarios portuarios, pero señaló que la normativa sectorial atribuye funciones específicas a la Autoridad Portuaria Nacional en materia de protección de derechos de los usuarios.
Estabilidad jurídica e inversión
CSPCP explicó que recurrió a instancias judiciales en defensa de lo que considera sus derechos, en el marco de la estabilidad normativa y jurídica bajo la cual se realizó la inversión en el puerto de Chancay. Aseguró que ello no implica una pérdida de capacidad de control por parte del Estado ni desprotección para los usuarios.
En esa línea, sostuvo que presta servicios bajo estándares internacionales y cuenta con canales públicos y transparentes para la atención de reclamos, además de estar sujeta a mecanismos regulares de solución de controversias y a la supervisión de la Autoridad Portuaria Nacional.
La empresa agregó que, pese al proceso judicial en curso, ha venido efectuando el aporte por regulación exigido por OSITRÁN bajo protesta, mientras se define el alcance de las competencias en sede judicial.
Señal al mercado
El pronunciamiento se produce en un contexto de debate sobre el modelo de supervisión aplicable al megapuerto de Chancay, considerado uno de los proyectos de infraestructura más relevantes para la integración comercial del Perú con Asia. Para el mercado, la definición de competencias regulatorias será clave en términos de seguridad jurídica, percepción de riesgo y sostenibilidad de la inversión en infraestructura estratégica.
Cosco Shipping Ports Chancay Perú reafirmó su compromiso de cumplir la normativa nacional y los mandatos derivados de los procesos judiciales, y sostuvo que el terminal se mantendrá como una infraestructura moderna orientada a fortalecer la competitividad del país.
