El incremento de la UIT a S/ 5,500 eleva el costo del incumplimiento y pone el foco en la debida diligencia como herramienta clave para proteger el flujo de caja y la continuidad operativa.
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha intensificado su capacidad sancionadora en 2026 tras el incremento de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) a S/ 5,500, elevando significativamente los montos de las multas laborales. Sin embargo, el verdadero peligro para las empresas peruanas no radica solo en sus propias infracciones, sino en las de sus proveedores y clientes, advirtió Vicente Cruz, CEO de Sheriff.
“Hoy, la gestión de cumplimiento no puede ser entendida solo desde la operación interna. Las empresas deben ampliar su mirada hacia todo su ecosistema comercial, porque una contingencia laboral en un socio estratégico puede generar efectos financieros relevantes”, explicó Cruz.
Desde su experiencia, el especialista sostiene que se vienen observando situaciones en las que empresas con operaciones sólidas enfrentan restricciones temporales de liquidez debido a retrasos en los pagos provenientes de clientes sometidos a procesos de cobranza coactiva. “Este tipo de escenarios tensiona la cadena de pagos, impacta la planificación financiera y puede deteriorar la relación con terceros”, precisó.
El procedimiento sancionador de SUNAFIL contempla tres instancias de revisión; subintendencia de resolución, intendencia regional y tribunal de fiscalización laboral, lo que garantiza el debido proceso, aunque también puede prolongar los plazos de definición. Las multas se calculan en función de la gravedad de la infracción, el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados.
A ello se suma la responsabilidad solidaria en la contratación de servicios tercerizados, que obliga a las empresas a responder ante eventuales incumplimientos laborales de sus proveedores. Este marco regulatorio refuerza la necesidad de contar con procesos estructurados de evaluación, monitoreo y control de riesgos.
“En un entorno regulatorio más exigente, la debida diligencia deja de ser una buena práctica para convertirse en una herramienta estratégica de protección financiera y reputacional”, afirmó Cruz. En esa línea, recomendó implementar auditorías periódicas del entorno comercial, sistemas de monitoreo continuo y cláusulas contractuales que permitan anticipar y mitigar contingencias. “La prevención es hoy un factor clave para la sostenibilidad del negocio”, concluyó.
