El Ejecutivo desmonta el esquema original con Francia y evalúa un modelo mixto que trasladaría parte del financiamiento a los usuarios, en un contexto de estrechez fiscal y cuestionamientos por falta de transparencia.
La decisión del gobierno transitorio de José Jerí de resolver el contrato con la oficina de gestión de proyectos designada por Francia para las megaobras de infraestructura marca un punto de quiebre en el desarrollo de la Nueva Carretera Central. Más allá del riesgo de un arbitraje internacional, el movimiento evidencia un cambio de enfoque en uno de los proyectos viales más estratégicos del país, concebido inicialmente como obra pública financiada íntegramente con recursos del Estado.
Aunque desde los ministerios de Transportes y Economía insisten en que el acuerdo de Gobierno a Gobierno con Francia sigue formalmente vigente, en la práctica el Ejecutivo busca desmontar el modelo original al considerarlo fiscalmente inviable. La obra, valorizada en alrededor de S/24.000 millones, enfrenta ahora un replanteamiento integral que apunta a incorporar mecanismos de generación de ingresos propios.
Restricciones fiscales y nuevo enfoque
La ministra de Economía, Denisse Miralles, sostuvo que destinar todo el presupuesto público a un solo megaproyecto comprometería el espacio fiscal necesario para atender otras prioridades como salud y educación. En ese contexto, defendió la necesidad de introducir estaciones de peaje, servicios complementarios u otros mecanismos financieros que permitan viabilizar la obra.
Miralles fue explícita al cuestionar el esquema original con Francia. A su juicio, mantener el proyecto exclusivamente bajo el modelo G2G y financiado como obra pública implicaría condenarlo al estancamiento. La posición del MEF sugiere que el problema no es solo técnico, sino estructural, vinculado a la sostenibilidad del gasto público en un escenario de restricciones presupuestales.
¿Hacia una APP encubierta?
Consultada sobre una eventual migración a una Asociación Público Privada, la titular del MEF señaló que se evalúa una fórmula mixta. Dentro del marco del G2G, el Ejecutivo podría solicitar al gobierno francés que, además del constructor y del asesor técnico, incorpore financiamiento inicial, replicando elementos propios de una APP. Según anunció, una solución integral para la Nueva Carretera Central debería presentarse hasta la primera semana de marzo.
Este giro ha reactivado el debate sobre el verdadero alcance de las APP en el país y sobre quién termina asumiendo los costos de la infraestructura.
El costo real de las APP
La exministra de Transportes Paola Lazarte advirtió que el planteamiento del MEF introduce una narrativa engañosa sobre las APP, al sugerir que estas reducen automáticamente la carga fiscal del Estado. En diálogo con La República, recordó que no todos los proyectos son autosostenibles y que, en la práctica, muchas APP terminan siendo cofinanciadas.
Según explicó, en estos esquemas el Estado asume una parte sustantiva del costo, mientras el privado recupera la inversión en plazos de 20 o 30 años. En proyectos urbanos o viales de corta extensión, como la Vía Expresa Santa Rosa, cuestionó la viabilidad de trasladar el financiamiento a los usuarios mediante peajes.
En el caso de proyectos de irrigación como Majes Siguas o Chavimochic, Lazarte señaló que hacerlos autosostenibles implicaría trasladar costos a agroexportadores o juntas de usuarios, lo que termina impactando en los precios finales y en la competitividad del sector. Para la exministra, existe una falsa percepción de que las APP no le cuestan al Estado, cuando en realidad los riesgos financieros siguen recayendo mayoritariamente sobre el sector público.
Cuestionamientos políticos y regionales
Desde las regiones, el replanteamiento del proyecto también ha generado malestar. El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, cuestionó la falta de transparencia del Ejecutivo al haber avanzado en la resolución del contrato con el asesor técnico francés sin comunicarlo claramente a las autoridades regionales.
Cárdenas afirmó que, cuando se reunieron con representantes del MEF y el MTC el 3 de febrero, ya existía un informe que sustentaba la ruptura del contrato, información que no fue compartida en ese momento. Para el gobernador, esta situación refuerza la percepción de que el gobierno transitorio no está siendo claro ni sincero respecto al futuro del proyecto.
Una obra estratégica en pausa
La Nueva Carretera Central es considerada por la macrorregión centro como una infraestructura clave para articular los corredores mineros, agrícolas y comerciales con Lima y asegurar el abastecimiento de millones de peruanos. Sin embargo, el cambio de modelo y la indefinición sobre su financiamiento generan incertidumbre sobre los plazos y la viabilidad real del proyecto.
Este martes 10 se realizará una reunión de la macrorregión centro con representantes del MTC, el MEF y Provías Nacional, en la que se exigirán definiciones concretas. En un contexto de gobierno transitorio, el tiempo y la claridad en las decisiones se vuelven factores críticos para evitar que una obra estratégica quede atrapada entre el ajuste fiscal y la improvisación política.
