El Ministerio de Economía sostiene que algunas normas del Congreso no cumplen con el principio constitucional de sostenibilidad fiscal.
La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, confirmó que el Ejecutivo presentará una acción de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra leyes aprobadas por el Congreso que habrían incurrido en iniciativa de gasto sin identificar fuentes de financiamiento. El anuncio oficial se realizará esta semana, tras una sesión del Consejo de Ministros.
En diálogo con RPP, Miralles precisó que será el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien informe públicamente cuál será la norma específica que motivará la acción ante el TC. Según adelantó, el tema será abordado en la sesión del Consejo programada para el miércoles 11 de febrero.
Sostenibilidad fiscal y límites constitucionales
La titular del MEF explicó que la decisión del Ejecutivo responde a la necesidad de hacer respetar la Constitución, que establece que toda norma que genere gasto permanente debe identificar ingresos permanentes que la respalden.
Miralles señaló que cuando se aprueba un gasto constante sin ese sustento, la medida se vuelve inviable y no puede aplicarse en la práctica. En ese sentido, sostuvo que el Gobierno tomará acciones dentro del marco constitucional para corregir este tipo de situaciones.
La ministra evitó adelantar detalles sobre la norma específica que será cuestionada y remarcó que prefiere que sea el premier quien haga el anuncio formal, una vez culminada la evaluación en el Consejo de Ministros.
Sin confrontación con el Congreso
Consultada sobre un eventual enfrentamiento con el Parlamento, Miralles descartó que la acción ante el TC genere una crisis política. Por el contrario, afirmó que existe receptividad por parte de los congresistas y de las comisiones involucradas para encontrar una salida institucional.
Indicó que este diálogo se da en un contexto particular, marcado por el inicio de una nueva gestión del Ejecutivo y el cierre próximo de los mandatos de gobernadores y alcaldes, lo que abre una ventana para revisar políticas públicas y asegurar que las normas aprobadas sean efectivamente aplicables.
Desde su perspectiva, este proceso no busca bloquear iniciativas legislativas, sino garantizar que las leyes puedan ejecutarse desde el día siguiente a su promulgación sin poner en riesgo las finanzas públicas.
Diálogo para viabilizar las normas
Miralles afirmó que, desde el inicio de la actual gestión en octubre, el Ejecutivo ha mantenido reuniones con bancadas y comisiones del Congreso para analizar las normas que implican gasto público. Señaló que comprende la labor de los congresistas, quienes canalizan demandas ciudadanas sobre temas largamente postergados.
Reconoció que muchas de las iniciativas aprobadas responden a necesidades reales, pero subrayó que el rol del MEF es asegurar que estas medidas cuenten con marcos legales y financieros que las hagan sostenibles en el tiempo.
En ese sentido, destacó que el Ejecutivo no busca desconocer derechos aprobados por ley, sino establecer mecanismos que permitan su implementación progresiva.
Gradualidad y marcos legales
La ministra explicó que el MEF viene trabajando en marcos legales que permitan aplicar las leyes ya aprobadas, reduciendo su impacto inmediato en la caja fiscal. Entre las alternativas evaluadas mencionó la introducción de gradualidad y periodos de gracia.
Indicó que, en algunos casos, los sindicatos reclaman derechos reconocidos por ley, pero el Ejecutivo debe explicar que su aplicación inmediata no es posible por la falta de previsión presupuestal. Según Miralles, estas explicaciones han sido comprendidas por los actores involucrados.
Finalmente, señaló que el Ejecutivo prepara proyectos de ley complementarios para viabilizar estas normas y que serán presentados apenas se abra la próxima legislatura, con el objetivo de compatibilizar derechos adquiridos y sostenibilidad fiscal.
