Varios gobiernos locales, aun cuando tuvieron recursos económicos, no ejecutaron obras.
Con el fin de fortalecer la ejecución del presupuesto de proyectos de inversión pública y evitar que se repita la históricamente baja utilización de recursos que registran los gobiernos locales, el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) presentó un conjunto de propuestas técnicas dirigidas a los más de 1,800 alcaldes que serán elegidos el 4 de octubre de 2026 para el periodo 2027-2030. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los municipios “ricos” —especialmente aquellos con mayores ingresos por canon y sobrecanon ligados a actividad minera— han dejado sin gastar gran parte de sus asignaciones para obras, lo que afecta la competitividad económica y los servicios básicos a la ciudadanía.
El decano del CIP, Ing. Jaime Ruiz Béjar, afirmó que esta problemática no debe volver a ser excusa durante la próxima gestión municipal: “la clave está en mejorar las capacidades técnicas, la planificación estratégica y la gestión de proyectos de inversión, así como en respetar la Ley de Contrataciones del Estado y los procesos del sistema Invierte.pe del MEF, asegurando que cada etapa —desde el perfil hasta la supervisión de obra— cumpla con criterios técnicos, cronogramas realistas y evaluación de riesgos que permitan obras concretas”.
Ruiz Béjar precisó que, entre los proyectos pendientes, pese a tener presupuesto asignado, destacan infraestructura vial de integración regional, plantas de tratamiento de agua potable y saneamiento urbano, y centros de atención primaria de salud. “El reto es que los recursos se traduzcan en proyectos terminados y funcionales que impulsen la economía local y mejoren la calidad de vida de los peruanos”, afirmó.
El gremio recordó que la responsabilidad técnica y profesional de los equipos municipales debe estar alineada con estándares de ingeniería y gestión pública, y que la presión política no puede dilatar la ejecución ni vulnerar la transparencia en la contratación y supervisión de obras. Además, propuso que los municipios implementen sistemas de control interno robustos, herramientas de seguimiento digital de inversiones, y alianzas con universidades y la sociedad civil para fortalecer la supervisión ciudadana del gasto público.
Finalmente, el CIP señaló que el pleno cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas es un pilar fundamental para garantizar que los recursos no queden rezagados y que generen valor económico y social, promoviendo así un salto cualitativo en la inversión pública municipal, clave para dinamizar la economía y cerrar brechas de infraestructura en todo el país.
