La propuesta del Ejecutivo para regular la pequeña minería y la minería artesanal enfrenta cuestionamientos por su viabilidad en un gobierno de transición, advierte el exministro Carlos Herrera Descalzi.
El anuncio del Ejecutivo sobre la elaboración de un proyecto de Ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal, conocida como Ley MAPE, ha reactivado el debate sobre la formalización minera en el Perú. Sin embargo, la iniciativa genera dudas respecto a su aplicación y sostenibilidad, especialmente por impulsarse en el marco de un gobierno de transición, según advirtió el exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi en declaraciones a Expreso.
El ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, señaló recientemente que su sector trabaja en esta propuesta con el objetivo de permitir que más de 30,000 mineros en proceso de formalización puedan integrarse de manera responsable a la economía nacional. La iniciativa busca ordenar una actividad clave para miles de familias, pero que también arrastra problemas estructurales de informalidad, conflictos territoriales y pasivos ambientales.
Para Herrera Descalzi, el contexto político resulta determinante. El exministro considera que la naturaleza transitoria del actual gobierno limita la capacidad de impulsar una reforma de fondo en un sector tan sensible como el minero. A su juicio, se trata de un escenario de poder compartido, donde el Congreso tiene un rol predominante, lo que introduce incertidumbre sobre el contenido final y la viabilidad de la norma.
El exfuncionario recordó que, si bien la formalización de la pequeña minería requiere necesariamente de una Ley MAPE, esta debe construirse sobre información técnica sólida y transparente. En ese sentido, cuestionó que el Ministerio de Energía y Minas no haya proporcionado, hasta ahora, datos completos y actualizados que permitan diseñar una regulación eficaz.
Herrera Descalzi advirtió además que uno de los principales problemas estructurales de la minería informal es que gran parte de las operaciones se desarrolla en concesiones pertenecientes a terceros, lo que complica cualquier intento de formalización sin un ordenamiento previo del territorio y de los derechos mineros.
En un contexto donde la minería artesanal y de pequeña escala tiene un peso económico y social significativo, pero también genera altos costos ambientales y conflictos legales, el debate sobre la Ley MAPE vuelve a poner en evidencia la necesidad de una política de largo plazo. Para el sector, la clave no solo pasa por aprobar una nueva ley, sino por garantizar que esta cuente con sustento técnico, consenso político y capacidad real de implementación.
