Rita López Saavedra enfrenta una denuncia penal que involucra presunta falsedad ideológica y omisión de deberes funcionales en la gestión de la petrolera estatal.
Jesús Fernando De La Torre Tejada, exgerente corporativo de finanzas de Petroperú y encargado de la gerencia general a inicios de 2022, presentó una denuncia penal contra la actual gerente general de la empresa, Rita Lorena López Saavedra, ante la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro. El caso fue registrado el 21 de enero de 2026 y se encuentra en etapa preliminar.
Licencia médica y actividades oficiales
Según la denuncia, el 5 de enero de 2026 López Saavedra comunicó a Petroperú que se encontraba con descanso médico, lo que justificó su ausencia funcional. No obstante, el 6 de enero acudió al Ministerio de Economía y Finanzas para reunirse con la ministra Denisse Miralles, hecho registrado en el sistema oficial de visitas, y el 7 de enero participó en actividades públicas como gerente general de la petrolera. El denunciante sostiene que estos hechos evidenciarían una simulación de incapacidad médica para mantener beneficios económicos y continuar tomando decisiones estratégicas.
Sanciones de Contraloría y presunto blindaje funcional
Otro eje central del expediente se relaciona con la actuación de López Saavedra frente a sanciones impuestas por la Contraloría General de la República a exfuncionarios de Petroperú, entre ellos la exgerente general Beatriz Fung Quiñones, inhabilitada por más de tres meses. De acuerdo con la normativa laboral vigente y el estatuto de la empresa, dicha sanción constituía causal de despido, pero la actual gestión habría optado por suspensiones temporales, contraviniendo el marco legal.
Impacto institucional y proceso en curso
El expediente incluye resoluciones administrativas, registros oficiales y documentación interna que sustentarían las acusaciones. La denuncia se produce en un contexto de reorganización interna y reducción de personal en Petroperú, lo que agudiza la crisis institucional que enfrenta la empresa estatal y podría derivar en responsabilidades penales y administrativas si se confirman los hechos.
