El Ministerio de Energía y Minas anunció un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal para depurar el Reinfo, combatir la minería ilegal y cumplir la meta de formalizar a 30.000 mineros en 2026.
El Ministerio de Energía y Minas anunció que realizará el Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, una medida que busca identificar con precisión a los mineros inscritos y no inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera, Reinfo, y destrabar uno de los procesos más sensibles de la economía extractiva peruana.
El director de la Dirección General de Formalización Minera, Wilfredo Portilla Barreda, explicó que el censo permitirá ubicar a los pequeños mineros con Reinfo activo y sincerar la información existente. Según indicó, se trata de un diagnóstico operativo para saber cuántos mineros están en proceso de formalización y cuántos operan al margen de la ley. Los primeros deberán ser apoyados para lograr una economía saneada, mientras que los segundos serán combatidos por tratarse de minería ilegal.
Depuración del Reinfo y simplificación de normas
Portilla señaló que el censo servirá como base para adecuar normas y dispositivos complementarios, con el objetivo de simplificar procedimientos que hoy resultan lentos y engorrosos. En ese sentido, anunció una reingeniería interna en la Dirección General de Formalización Minera, orientada a mejorar la eficiencia administrativa y acelerar los plazos.
Otro punto crítico identificado es la transferencia documentaria y la coordinación con los gobiernos regionales. Actualmente, solo siete regiones cuentan con Direcciones Regionales de Energía y Minas dentro de su estructura orgánica, lo que genera cuellos de botella en la formalización. El Minem buscará coordinar directamente con los gobiernos regionales para dar mayor viabilidad y velocidad a los procesos.
Propuesta de un banco minero privado
Como parte de su enfoque de largo plazo, el funcionario adelantó que propondrá a los pequeños mineros y mineros artesanales la creación del Banco Minero del Perú, concebido como una entidad privada y gestionada por los propios productores. Portilla descartó que el Estado administre esta iniciativa, aludiendo a experiencias pasadas poco exitosas.
La propuesta plantea un accionariado difundido entre los propios mineros. Según sus estimaciones, la pequeña minería y la minería artesanal involucran directamente a unas 500.000 personas y, de manera indirecta, a cerca de 5 millones de peruanos. Si cada minero aportara el equivalente a un gramo de oro, valorizado en alrededor de 100 dólares, se podría constituir un capital inicial cercano a los 50 millones de dólares para impulsar financiamiento formal en el sector.
Meta 2026 y lucha contra la minería ilegal
Portilla afirmó que la reingeniería de la DGFM permitirá cumplir la meta de formalizar a los 30.000 mineros inscritos en el Reinfo hasta diciembre de 2026, y subrayó que su gestión será estrictamente técnica, sin presiones políticas. En paralelo, remarcó que el combate a la minería ilegal será una prioridad, especialmente en zonas prohibidas como reservas naturales, áreas protegidas y sitios arqueológicos.
Finalmente, anunció que el sector impulsará la aprobación de la Ley MAPE, orientada a dar un marco legal específico a la pequeña minería y la minería artesanal, y descartó cualquier vínculo personal con la minería ilegal o con partidos políticos, destacando su trayectoria académica y profesional en el sector minero privado.
