Con una inflación cercana al 25% y problemas de abastecimiento de diésel, el Gobierno boliviano decretó una emergencia nacional y habilitó, de forma temporal, la importación privada de combustibles para sostener la actividad económica.
Bolivia declaró la emergencia energética y social en todo su territorio ante el fuerte deterioro del entorno económico, marcado por una inflación elevada, escasez de dólares y serias dificultades en el abastecimiento de combustibles. La medida quedó formalizada a través del Decreto Supremo 5516, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, que dispone la suspensión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas por un periodo de un año.
Según el documento oficial, el Ejecutivo busca facilitar la importación de hidrocarburos y asegurar el suministro continuo para sectores clave como transporte, producción e industria agropecuaria, en un contexto de crecientes tensiones sociales y restricciones económicas.
Inflación, escasez de dólares y presión social
De acuerdo con la Gaceta Oficial, la inflación en Bolivia cerró 2025 en 24.73%, un nivel que refleja el deterioro del poder adquisitivo y el impacto acumulado de desequilibrios macroeconómicos. A ello se suma la escasez de dólares, que ha dificultado la importación de bienes esenciales, entre ellos los combustibles, y ha afectado el normal funcionamiento del mercado cambiario.
El decreto reconoce que la crisis económica, financiera y social tiene raíces estructurales, aunque el Gobierno atribuye su profundización a decisiones adoptadas por administraciones anteriores y a factores externos.
Apertura excepcional a la importación privada
Entre las principales disposiciones, el decreto habilita de manera temporal y excepcional que personas naturales y empresas privadas puedan importar, vender y comercializar combustibles a precios de importación, con el objetivo de normalizar el abastecimiento en todo el país. Esta decisión representa un giro relevante respecto al esquema tradicional centrado en el rol de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que no ha logrado cubrir la demanda interna debido a restricciones financieras y operativas.
La suspensión del diésel como sustancia controlada busca agilizar los trámites de ingreso desde el exterior, atendiendo la presión de transportistas y sectores productivos que dependen de este insumo energético.
Subsidios, protestas y acuerdo social
La declaración de emergencia se produjo tras jornadas de protestas, bloqueos de carreteras y movilizaciones en distintas ciudades, impulsadas por organizaciones sociales y gremios laborales afectados por el alza de precios y el desabastecimiento. Según el texto legal, la medida fue ratificada luego de que el Ejecutivo alcanzara un acuerdo con las organizaciones sociales, en el que la Central Obrera Boliviana tuvo un rol central, lo que permitió suspender las movilizaciones en rechazo a la eliminación parcial del subsidio a los combustibles.
Este subsidio, vigente durante años como mecanismo para contener los precios internos, comenzó a ser recortado debido a las limitaciones fiscales y a la presión inflacionaria.
Impacto económico y riesgos a corto plazo
La apertura a la importación privada permitiría cubrir la brecha de abastecimiento en sectores como transporte, industria y agro, que han visto afectadas sus operaciones por la escasez de diésel. No obstante, el decreto establece que los combustibles importados deberán ajustarse a los precios internacionales, lo que podría trasladarse a mayores costos finales para los consumidores bolivianos.
El Gobierno anunció que mantendrá la supervisión del proceso de importación para evitar prácticas irregulares y asegurar que los beneficios lleguen a la población. La vigencia de la emergencia y de las medidas excepcionales será evaluada periódicamente, en función de la evolución de la economía y del equilibrio entre oferta y demanda de hidrocarburos.
