Por Antonio Herrera Cabanillas, exregidor de Miraflores
Por años, en el Perú hemos repetido una falsa dicotomía: o estamos a favor de la inversión privada o estamos en contra del desarrollo. Esa narrativa ha servido muchas veces para desplazar el debate de fondo, cuando en realidad la pregunta central es otra: qué tipo de inversión promovemos, en qué espacios y a favor de quiénes.
El proyecto denominado “Centro de Convenciones Miraflores”, presentado como una Iniciativa Privada Autofinanciada (IPA), ha reabierto este debate en el distrito. No es un proyecto neutro ni espontáneo: se trata de una iniciativa que ha sido promovida y respaldada activamente por la actual gestión municipal, lo que obliga a elevar el estándar de análisis, transparencia y rendición de cuentas, más aún cuando involucra la cesión de un activo público estratégico por un periodo de 20 años.
Desde el punto de vista formal, el proyecto cumple con el marco legal vigente y presenta un modelo financiero atractivo. Sin embargo, gobernar una ciudad no es solo administrar contratos ni maximizar rentabilidad privada. Implica tomar decisiones que afectan la vida cotidiana de las personas, el uso del suelo y la identidad urbana del distrito.
El proyecto se emplaza sobre el Complejo Deportivo Municipal Manuel Bonilla, un espacio público que hasta hace muy poco tiempo fue utilizado de manera activa por vecinos para la práctica de diversos deportes. No estamos frente a un terreno abandonado ni subutilizado. Era un equipamiento deportivo vivo, con uso vecinal real y continuo. La propuesta no busca fortalecer ni modernizar ese uso, sino reemplazarlo por un centro orientado principalmente a eventos masivos, espectáculos y actividades de carácter turístico y comercial.
Este punto debe decirse con claridad: el objetivo central del proyecto no es atender las necesidades cotidianas de los vecinos, sino posicionar al distrito como un polo de eventos turísticos y de gran escala. El acceso al nuevo espacio será eventual, condicionado y mayoritariamente pagado. En ese proceso, los vecinos pierden un espacio que utilizaban regularmente para hacer deporte, recrearse y convivir.
El informe técnico sostiene que el proyecto contribuiría al cierre de brechas de infraestructura cultural. Sin embargo, no demuestra de manera específica que Miraflores enfrente una brecha crítica en esta materia, ni que esta sea más prioritaria que preservar y potenciar espacios deportivos públicos en un distrito con alta densidad residencial. Citar planes nacionales o sectoriales no reemplaza la obligación de justificar una decisión local que afecta directamente a los vecinos.
En términos urbanos, el impacto del proyecto aparece subestimado. Un recinto con capacidad para miles de personas implica mayor congestión, ruido, presión sobre la seguridad y afectación de la convivencia barrial. El propio informe reconoce la existencia de oposición vecinal, pero no desarrolla estudios exhaustivos ni mecanismos claros de mitigación. En un distrito mayoritariamente residencial como Miraflores, estos impactos no pueden tratarse como costos secundarios del “progreso”.
Desde el punto de vista económico, la municipalidad recibiría entre el 3% y 4% de los ingresos brutos del proyecto. Pero el informe no compara ese retorno con el valor real del suelo público cedido, ni con otras alternativas de uso que podrían generar mayor valor social, deportivo o comunitario. Aquí surge una pregunta inevitable y legítima: ¿a quién beneficia realmente este proyecto? ¿A los vecinos del distrito o a otros grupos de interés vinculados a la industria de eventos, espectáculos y turismo?
Aceptar sin un debate profundo este tipo de iniciativas también sienta un precedente preocupante. Bajo el discurso de “poner en valor” espacios públicos, se corre el riesgo de normalizar su transformación en activos comerciales, debilitando progresivamente la planificación urbana y el sentido de ciudad compartida.
Nada de esto implica oponerse a la inversión privada. Por el contrario, una ciudad moderna necesita inversión, pero inversión alineada al interés público, con legitimidad social y con reglas claras. El desarrollo no se mide solo en flujos financieros proyectados, sino en calidad de vida, confianza ciudadana y equidad en el uso de los espacios públicos.
Miraflores merece un debate político honesto, informado y transparente. Porque al final, la pregunta no es si el proyecto es rentable, sino si es justo, prioritario y conveniente para quienes viven el distrito todos los días.
