Seis hospitales en Áncash y La Libertad siguen inconclusos pese al salto del presupuesto de S/543 millones a S/2.572 millones. ANIN y los consorcios se culpan mutuamente mientras miles de ciudadanos quedan sin servicios.
La construcción y rehabilitación de seis hospitales en Áncash y La Libertad quedó paralizada después de que el presupuesto de estos proyectos pasara de S/543 millones en 2021 a S/2.572 millones, un aumento de 373%. Aunque las obras debieron entregarse en 2022 y hoy registran apenas un avance de 50%, todas permanecen suspendidas por falta de recursos. La Autoridad Nacional de Infraestructura y las empresas adjudicatarias intercambian acusaciones sobre la responsabilidad del retraso.
Adjudicaciones millonarias sin resultados
Los hospitales fueron encargados bajo la modalidad de contrato de Gobierno a Gobierno durante el gobierno de transición de Francisco Sagasti. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ahora ANIN, otorgó al Reino Unido la supervisión y este delegó los contratos a IBT Sucursal del Perú, empresa que formó los consorcios Suyay II y Perú Health. Los seis establecimientos, entre ampliaciones, recuperaciones y reconstrucciones, debían beneficiar a más de 270 mil personas en Áncash y La Libertad, pero ninguno cumplió con los plazos.
Cronograma incumplido y obras abandonadas
El Consorcio Suyay II asumió cinco hospitales con dos contratos firmados en 2021. El primero incluía Caraz, San Nicolás y Cascas por S/205 millones, con entregas previstas entre abril y octubre de 2022. El segundo abarcaba Casma y Recuay por otros S/205 millones, con fechas pactadas para octubre y noviembre de 2022. El Consorcio Perú Health debía entregar el hospital Antonio Caldas Domínguez en mayo de 2022 con un presupuesto de S/132 millones. A pesar de las fechas establecidas, todas las obras se encuentran detenidas y sin un horizonte claro de reactivación.
Presupuestos inflados y argumentos cruzados
Voceros de la ANIN en declaraciones a La República señalaron que los costos iniciales fueron mal calculados porque los proyectos se adjudicaron sin estudios de preinversión ni expedientes técnicos completos, lo que obligó a ampliar áreas, demoler estructuras y reevaluar todo el diseño. Añadieron que la inflación y las dificultades geográficas también inflaron los costos. Los consorcios, sin embargo, responsabilizan a la ANIN por deficiencias en los presupuestos referenciales, cambios impuestos durante la ejecución, demoras en las aprobaciones y pagos atrasados. Sostienen que la propia ANIN pidió detener los trabajos porque no cuenta con fondos suficientes para continuar.
Un problema que se repite y que golpea a miles
El Consorcio Suyay II afirma que esta situación no es aislada y que otros proyectos del esquema Gobierno a Gobierno enfrentan las mismas demoras, falta de presupuesto y obstáculos administrativos. Tanto ANIN como las empresas insisten en su versión, pero ninguno asume el costo político ni técnico del retraso. Mientras el presupuesto crece sin control y las obras siguen paralizadas, los más afectados continúan siendo los ciudadanos que esperan infraestructura sanitaria que debió estar lista hace tres años.
