El Congreso aprobó la apertura parcial del cabotaje marítimo a naves extranjeras, con miras a mejorar la eficiencia logística y fortalecer la conectividad del país, aunque persisten dudas sobre su impacto en la industria nacional.
El Congreso chileno aprobó el proyecto de ley que abre el cabotaje marítimo, el transporte de carga dentro del territorio nacional, a la participación de naves extranjeras, siempre que no existan servicios regulares nacionales. La iniciativa, que modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación, quedó lista para su promulgación presidencial.
El texto establece que podrán operar embarcaciones foráneas por un año, prorrogable por seis meses, en rutas donde no haya oferta local. Luego, deberán hacerlo bajo bandera chilena y cumplir la normativa nacional. También se fija una eslora mínima de 120 metros y se exige que las naves arrendadas con promesa de compra cuenten con dotación chilena tras cuatro años de operación.
La medida busca optimizar la cadena logística, mejorar la conectividad marítima y promover la eficiencia del transporte multimodal. Además, incluye normas para fortalecer la formación de tripulaciones nacionales y garantizar condiciones de competencia justas.
El proyecto incorpora nuevas exigencias de seguridad, control ambiental y transparencia: las navieras deberán publicar sus itinerarios y características técnicas en sus portales oficiales. También redefine las competencias del Ministerio de Transportes, que asumirá las funciones de la antigua comisión especial, con la obligación de coordinar con la Autoridad Marítima y la Cancillería.
La implementación será gradual en las regiones del sur, especialmente en Los Lagos, Aysén y Magallanes, donde la ley comenzará a aplicarse tres años después de su publicación.
Durante el debate parlamentario, algunos legisladores respaldaron la apertura como una herramienta de modernización logística, mientras otros advirtieron sobre los riesgos de desventajas competitivas para la marina mercante nacional, dado que muchas empresas extranjeras operan bajo condiciones laborales más flexibles. También hubo críticas a los plazos de implementación, considerados demasiado cortos para las zonas australes.
Con esta norma, Chile se encamina hacia un modelo de mayor apertura marítima, en línea con estándares internacionales, pero con desafíos claros en materia de protección laboral, competitividad y control soberano de sus rutas logísticas.
